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PR+:la sentencia de la Ecociudad demuestra que Sanz buscó un interés personal y fue un pelotazo

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Queda claro que “era un mal proyecto en el que había una connivencia entre la administración regional y unos particulares”
Julio Revuelta y Miguel González de Legarra, PR+

Julio Revuelta y Miguel González de Legarra, PR+

El secretario general del PR+, Julio Revuelta, ha asegurado este miércoles que, con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Ecociudad, se ha demostrado que éste era “un mal proyecto que recalificaba ‘pura y duramente’ un monte, se invadían las competencias municipales y había una connivencia entre la administración regional y unos particulares”.

Revuelta ha realizado estas declaraciones junto al presidente del PR+, Miguel González de Legarra, tras conocer “la sentencia que condena al Gobierno regional a pagar casi 300.000 euros a la empresa PROGEA por la Ecociudad”.

De esta manera, el secretario general del PR+ ha detallado que si se hubiera ejecutado la ‘Ecociudad’ “se habría hecho un daño a la ciudad irreparable” y ha añadido que esta decisión fue “una recalificación ‘pura y dura’ de un terreno protegido tal y como ha sido anunciado por el Tribunal Supremo” al igual que ha “ratificado” que con este proyecto “se produce una invasión de las competencias del Ayuntamiento de Logroño porque el Gobierno de La Rioja campó a sus anchas e intervino en algo que no era de su competencia”.

Ahora, con esta sentencia, “más allá del coste que va a suponer” se demuestra “una clara connivencia de la administración regional con unos particulares” para que “bajo el paraguas del interés regional se produjera un pelotazo urbanístico”, ha resaltado.

“SE CAMBIÓ LA LEY DEL SUELO”

Todo en un momento en el que en Logroño “había mucho suelo para poder hacer viviendas” aún así, ha continuado, “se compró un monte, un terreno de los pocos que había protegidos, y en donde no se podía hacer nada”. Curiosamente, ha continuado, después “se cambió la Ley del Suelo para que las zonas de interés regional ya no tuvieran que ser obligatoriamente gestionadas por la administración autonómica sino también por particulares”.

Así, ha recalcado, con la Ley de 1998 “no se podía hacer mientras que en la de 2006, sí”.

Por lo tanto, ha finalizado, “el Gobierno regional actuó con un paraguas, el de la declaración de Interés Regional pero convino su desarrollo con unos particulares” y la sentencia dice “claramente” que “la zona de Interés Regional, su declaración y el convenio urbanístico están íntimamente relacionados” y ya “los vincula claramente” y por ello “les sanciona”. Además dice que la administración regional “tenía la potestad de realizar o no el convenio y lo hizo porque quiso”.

Con todo ello “si algo es de verdadero interés regional se expropia y lo hace la administración regional no se hace un convenio para que lo hagan unos particulares”, ha detallado.

Así, desde el PR+ “creemos que queda acreditado la connivencia de inicio que se produce entre la administración regional y unos particulares aunque se hiciera luego un concurso que nunca fue publicado en el Boletín”.

“PELOTAZO URBANÍSTICO”

Por su parte, el presidente del PR+, Miguel González de Legarra, ha asegurado que con este proyecto, Pedro Sanz “no buscaba el interés general de todos los riojanos sino perpetrar un ‘pelotazo urbanístico’ con el que conseguía un interés personal”

Sanz “no ha tenido ningún inconveniente en tomar decisiones inconcebibles”, ha continuado. Con todo ello, el presidente del Gobierno de La Rioja “prefirió que el PP perdiera la alcaldía en Logroño, con Julio Revuelta, antes que la Ecociudad para asegurarse que sus ‘protegidos’ consiguieran el objetivo de recalificar los terrenos”.

Para el PR+, Pedro Sanz “sabía que con Julio Revuelta la Ecociudad no iba a salir adelante porque defendía los intereses de Logroño”. Además, posteriormente, Sanz “inició un ataque contra la siguiente corporación municipal (PSOE + PR) que trabajaban para que otros proyectos más lógicos vieran la luz” y tuvo “la ciudad paralizada durante cuatro años”.

Ante ello desde el PR+ se hacen varias preguntas: “¿Cuáles son los intereses de Sanz con este proyecto? así como ¿por qué razón son siempre las mismas empresas las que aparecen en estos ‘chanchullos’?” y “¿cuánto dinero nos ha costado a los riojanos esta ambición?” porque “si recuerdan Sanz obligó al IRVI comprar terrenos en el monte del Corvo” y a ello se suman también “todas las maquetas, folletos e incluso azafatas contratadas para explicar el proyecto, jornadas informativas y congresos en Riojaforum, los encartes en periódicos locales y la publicidad que se pagaron con dinero público”.

Finalmente, ha recordado, el Gobierno “ha compensado a todos los que han participado en este fallido proyecto”. Así, LMB “se ha visto compensada con otras adjudicaciones permitiendo una nueva recalificación de una parcela pública para cambiar el uso para poder alquilar a Viamed Salud S.L. las instalaciones de la actual clínica Valvanera”.

Por todo ello, desde el PR+ exigen que Sanz “pague esta indemnización de sus bolsillos” y Legarra ha asegurado que se comprometen “a que en la próxima legislatura, desde el PR+ levantaremos todas las alfombras de las administraciones públicas, aclararemos los escándalos y exigiremos responsabilidades”.

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