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Menores: ¿inserción o represión?

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Artículo de opinión de Miguel González de Legarra.

Publicado en el periódico La Rioja.

«Lo que a mí me afecta como ciudadano y me preocupa como diputado son las condiciones en las que están atendidos estos jóvenes. De lo que tengo que ser consciente es de que todos ellos tienen unos derechos que no se pueden vulnerar».
Miguel González de Legarra, PR+

Miguel González de Legarra, PR+

Cuando desvelé que el Gobierno de La Rioja se ha personado en el procedimiento judicial en el que están imputados la directora y el subdirector del centro de integración Virgen de Valvanera por presuntos delitos contra los menores, reaccionó acusándome no solo de mentir sobre las actuaciones judiciales, sino incluso afirmando que «invento hechos que no han sucedido en la realidad». Aunque más lejos fue el PP que, en un comunicado, afirmó que «es asquerosa y despreciable la actitud de González de Legarra contra los trabajadores del centro de menores».

En mi opinión, sin embargo, lo que resulta absolutamente despreciable e intolerable es la situación que se ha vivido y puede que se siga viviendo por parte de los menores que están bajo la protección de la administración y lo único que debería preocupar al PP y al Gobierno, y ese, precisamente, sigue siendo mi único interés.

En aras de ese interés, sigo manteniendo que es absolutamente vergonzoso e intolerable que, en pleno siglo XXI, se puedan seguir utilizando este tipo de métodos salvajes con los menores. Es intolerable, además de ilegal, que en el centro de menores se utilicen celdas de aislamiento y se engrillete a los menores; que se les humille hasta perder su propia dignidad como personas; que la utilización de estos métodos hayan sido reconocidos por al menos un trabajador del centro, actuando como testigo de la Fiscalía en un procedimiento judicial y que, a pesar de eso, a quien se persiga sea a mí. Es intolerable que al Gobierno, constándole como le consta esa declaración en sede judicial, lo único que le preocupe sea salvarle el culo al consejero y acusarme a mí de mentir y de «acusar de maltratadores a los trabajadores del Centro» sin ningún fundamento, cuando son los propios trabajadores, a través de este testigo del fiscal, quien ha reconocido y admitido no solo la existencia sino la práctica de estos métodos. Esto sí que es despreciable.

Despreciable, repugnante y asqueroso es tener que soportar a algunos ciudadanos, entre ellos algunos periodistas, juristas y políticos, que me reprochan «estar moviendo la mierda», cuando «estos chavales, si están ahí será porque habrán hecho algo». Despreciable es tener que soportar los reproches de esos mismos que justifican las palizas, las vejaciones y «la mano dura», «porque al fin y al cabo no son más que delincuentes…». Esto sí que es despreciable.

Que algunos se atrevan a juzgar a estos chicos por el lugar en el que están, sin pararse a pensar en las razones que les han llevado allí y renunciando de antemano a ayudarles a superar unos problemas que, la mayoría de las veces, vienen determinados por la dificultad que todos sabemos que tiene superar la adolescencia. Que la sociedad les condene sin escucharles y que los envíe a un lugar que, eufemísticamente llamamos centro de integración, cuando realmente esas personas que todo lo justifican lo quieren llamar ‘reformatorio’ en su acepción más retrógrada y decimonónica y que se desprecien los métodos más actuales que demuestran mayores éxitos que aquél famoso de «la letra con sangre entra». Esto sí que es repugnante y despreciable.

Despreciable es que al Gobierno y al PP, les preocupe más su propio prestigio que la seguridad y la rehabilitación de estos chicos; que les inquiete más el qué dirán que el cómo están; que se aseguren más de garantizar los ingresos de dinero público a los gestores privados del centro que de velar por los intereses y los derechos de los menores. Eso sí es despreciable.

No sé las razones por las que estos jóvenes han tenido la desgracia de llegar a este centro. Esa es una cuestión que corresponde al poder judicial. Pero lo que a mí me afecta como ciudadano y me preocupa como diputado son las condiciones en las que están atendidos estos jóvenes. De lo que tengo que ser consciente, cualesquiera que sean las causas de su internamiento, es de que todos ellos tienen unos derechos que no se pueden vulnerar. Unos derechos que parece que todos estamos dispuestos a defender cuando se cuestionan y vulneran en otros países pero que cuando hay que asegurarlos en nuestro propio territorio, se los negamos precisamente a los más vulnerables.

No estoy preocupado por las consecuencias que mis denuncias puedan traerme. Lo que me tiene realmente desasosegado es esa actitud indolente y carente del más mínimo atisbo de compasión y amor al prójimo que estoy encontrando en algunos ciudadanos con responsabilidad pública, en algunos con influencia y poder mediático que me señalan su perplejidad por entregarme a la defensa de los intereses y los derechos básicos de estos jóvenes «que si están ahí será por algo». Eso sí que me parece despreciable y frustrante. Es mejor ocultar las vergüenzas de la sociedad y entretenerse en divulgar y airear lo que les interesa a los que pagan.

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