El Juzgado de Instrucción número de 1 de Logroño entiende que la querella interpuesta por el PR contra el presidente del IRVI, Antonino Burgos, por prevaricación y malversación de fondos públicos tiene fundamento y solicita más información para determinar incluso la posible comisión de un delito.

El Partido Riojano consigue reunir el dinero necesario de la fianza gracias a la colaboración ciudadana que se ha volcado para tratar de que no quede impune este claro pelotazo urbanístico.

A principios del mes de marzo, el Partido Riojano presentó una querella contra el presidente del IRVI y consejero de Administraciones Públicas, Antonino Burgos, por prevaricación y malversación de fondos públicos en relación a la compra, por parte del IRVI, de terrenos en el monte El Corvo.

El presidente y el secretario General del PR, Miguel González de Legarra y Miguel Gómez Ijalba, recordaron que la querella interpuesta se fundamenta en dos aspectos claves. Por un lado, explicó González de Legarra, en el hecho de que los terrenos se hayan adquirido a estas dos empresas (LMB-PROGEA) sin ningún tipo de procedimiento, publicidad ni justificación alguna y, por otro, que esta compra de terrenos sea la consecuencia de un proceso perfectamente pensado para que dos empresas se enriquezcan con dinero público con la compra venta de unos terrenos que contaban doble protección; ambiental y paisajística.

Pues bien, detalló Gómez Ijalba, el Juzgado entiende que la denuncia del Partido Riojano tiene fundamento y que incluso podríamos estar ante un delito por lo que ha solicitado más información. Por un lado ha solicitado al IRVI que informe sobre el criterio seguido para fijar el precio de la compra y de la opción de compra de los terrenos del monte El Corvo, propiedad de las sociedades LMB-PROGEA.
Pero además, el juzgado ha pedido al Ayuntamiento de Logroño que, a través de la Oficina Municipal de Vivienda, informe sobre si el precio por el que se aceptó la compra y la opción de compra de estos terrenos se desvía del valor de esos terrenos.

El auto del Juzgado, apuntó González de Legarra, ratifica nuestras sospechas y las denuncias del Partido Riojano. Incluso apunta la posibilidad de que podamos estar ante un delito porque se ha pagado con dinero público unos terrenos cuyo precio se ha multiplicado incluso por 20. “El IRVI ya efectuó una primera compra de 20.000 metros cuadrados a 9 euros el metro y tiene otra comprometida de 130.000 metros cuadrados pero esta vez el metro cuadrado a 46,8 euros. ¿Cómo puede subir tanto el precio del metro cuadrado de unos terrenos que pertenecen a una misma finca?”, se pregunta Legarra.

Pero además de la información solicitada por el propio Juzgado, el Partido Riojano también ha pedido que se investigue si la recalificación de los terrenos del monte El Corvo formaba parte de un plan perfectamente orquestado cuyo fin último era la venta de los mismos.
De igual forma, añadió Gómez Ijalba, hemos solicitado que la Fiscalía investigue la posibilidad de que haya más implicados además de Antonino Burgos. “No debemos olvidar que en el Consejo de Administración del IRVI hay más cargos públicos que votaron a favor de la compra”.

De igual forma, añadió, también hemos pedido que se suspendan todos los procesos contencioso-administrativos abiertos hasta que se resuelva la causa penal y la suspensión cautelar de cualquier actuación en el monte El Corvo.

Apoyo ciudadano
De igual forma, los regionalistas han querido agradecer la colaboración económica de todos aquellos que han ayudado al Partido Riojano a reunir la fianza necesaria para seguir adelante con este proceso.
González de Legarra recordó que la Fiscalía fijó una fianza de 10.000 euros para poder continuar con el proceso y fue entonces cuando los regionalistas pidieron la colaboración ciudadana y la reducción de la fianza. Pues bien, añadió, la Fiscalía decidió reducir la fianza a 5.000 euros. “Por esta razón queremos agradecer la ayuda a todos aquellos que han hecho posible que el Partido Riojano pueda seguir adelante con la denuncia de este gran pelotazo urbanístico”, concluyó González de Legarra.