En los últimos meses, el sector vitivinícola riojano se está viendo salpicado por un buen número de escándalos en los que siempre aparece vinculada, de una u otra forma la familia de la vicepresidenta del Gobierno regional, Arancha Vallejo.

Y por esta razón, por la implicación de miembros del Gobierno regional, el portavoz del grupo parlamentario del PR, Miguel González de Legarra, preguntó al presidente regional si piensa ordenar el inicio de alguna investigación para determinar el grado de implicación de miembros del Gobierno en el intento de fraude de casi medio millón de kilos de uva que se ha tratado de cometer en la Denominación de Origen Rioja.

En su intervención, González de Legarra, recordó que en el anterior pleno soliticó información sobre el destino de las producciones de viñedos ilegales en esta Comunidad. Pedí, recordó, que acreditara la destilación de las correspondientes cosechas. Entonces, el Gobierno regional no respondió a lo que le preguntó el grupo parlamentario del PR y optó por desviar la atención.

Y claro, prosiguió González de Legarra, el propio Gobierno desveló la posibilidad de que ambas circunstancias, viñedos ilegales y el intento de fraude, mantengan una clara conexión entre sí e incluso que el fraude no se hubiera intentado sin la existencia de los viñedos ilegales.

Es más, continuó, el pertinaz silencio del presidente del Consejo Regulador, su empeño en negar la evidencia del intento de fraude, su negativa a facilitar información a los propios vocales del Consejo y la decisión de otorgar el 100 por cien del rendimiento a la finca, dañada por el pedrisco y cuyo papel se utilizó para llevar a cabo el intento de fraude, convierten al presidente del Consejo Regulador como un colaborador necesario para plantear esta estafa.

Son muchas las circunstancias y los hechos que demuestran que, tal y como ha denunciado siempre el Partido Riojano, el intento de fraude no es algo casual. “El intento de fraude es una acción perfectamente premeditada y organizada por varias personas que pretenden dar un pelotazo”, sentenció González de Legarra.

Queda demostrado, por lo tanto, que hay motivos más que suficientes para que el Gobierno de La Rioja inicie una investigación para aclarar cualquier implicación de miembros del Ejecutivo central.
Sin embargo, el presidente del Gobierno, quizás por miedo a desvelar inconscientemente más datos que impliquen aún más a miembros del Gobierno, se limitó a decir que el Gobierno regional no tiene competencia para ello “porque si así fuera, igual habría que investigar a sus hermanas o sus actividades”.
Una respuesta que, dada las circunstancias y la gravedad de los hechos, demuestra el poco o nulo interés que el Gobierno regional tiene en aclarar toda esta truculenta historia y con ello aumentar el prestigio y credibilidad de nuestra Denominación de Origen.