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El T.C. censura las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos a Viamed Salud.

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El Tribunal de Cuentas afirma que los criterios utilizados por el Gobierno de La Rioja, dificultan la entrada de otras empresas y, en consecuencia, favorecen el monopolio actual.

El propio Tribunal considera que no nos encontramos ante simples contratos de gestión de servicios públicos y los califica como una privatización.

El presidente del Partido Riojano y candidato regionalista a las elecciones autonómicas, Miguel González de Legarra, ha presentado esta mañana en rueda de prensa, algunas de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Cuentas de España tras el análisis de algunos de los contratos realizados por el Gobierno de La Rioja para la gestión de los servicios sanitarios públicos de nuestra región.

A pesar de las numerosas ocasiones en las que, desde el Partido Riojano, hemos pedido información y datos concretos sobre las adjudicaciones de contratos de gestión de la sanidad pública, todavía no hemos conseguido del consejero de Salud ni del presidente Pedro Sanz, más que evasivas e insultos, pero ni una sola respuesta a las muchas dudas que plantea la privatización del sistema sanitario público riojano y las irregularidades en su adjudicación.

En opinión del presidente regionalista, “este informe del Tribunal de Cuentas avala íntegramente las sucesivas denuncias que hemos venido haciendo desde el Partido Riojano respecto a la privatización de la sanidad pública riojana en favor del entramado de empresas perteneciente a VIAMED SALUD S.L. y la consolidación de un auténtico monopolio en La Rioja.”

Hay que destacar que, desde el Tribunal de Cuentas, se viene repitiendo desde el año 2008 que se está llevando a cabo la adjudicación de diferentes contratos, de forma irregular, no ajustada a derecho y sin hacer caso a las recomendaciones que, desde el propio Tribunal de Cuentas, se le vienen haciendo al Gobierno de La Rioja.

Concretamente apunta este informe a diferentes incidencias en la elección del contratista y la adjudicación de los contratos, y dice textualmente que: “En los contratos sujetos a la Ley de Contratos Sector Público, se omitieron, en general, la justificación adecuada de la elección de los criterios que se tendrían en cuenta para adjudicar el contrato…” 

Dice también que “en general, se ha dado una muy baja ponderación del precio, de forma totalmente injustificada”, es decir, que la Comunidad Autónoma de La Rioja no ha utilizado los parámetros objetivos que el precio supone para valorar las ofertas, sino que cuando ha llevado a cabo este tipo de contratos, curiosamente, ha valorado más otras cuestiones subjetivas, otros criterios de elección de los contratistas y no la mejor oferta económica que pudieran haber presentado.

El informe del Tribunal de cuentas, dice además que el Gobierno de Pedro Sanz lleva a cabo una “utilización improcedente de los criterios de adjudicación de determinadas características de las empresas” y que “la utilización, -como criterio de valoración del concurso-, de los medios materiales o personales que ya debía poseer la empresa durante la propia fase de adjudicación del contrato, favorecería la continuidad de la empresa que ya estuviera prestando el servicio, y, en consecuencia, dificultaría la entrada de otras empresas solventes.

Es decir, no solamente dice que puede haber más empresas que podrían prestar los servicios que en este momento se encuentran llevando a cabo y gestionando empresas del entramado de VIAMED, sino que, además, con  los criterios establecidos por el Gobierno, se favorece que continúe prestando ese servicio el entramado de VIAMED y se impide que, en pública y lícita concurrencia, puedan entrar otras empresas solventes, con lo que, de facto, se está propiciando la creación de un monopolio de gestión de los recursos sanitarios públicos de la región. 

Dice asimismo, respecto a uno de los contratos establecidos con una de las empresas del entramado de VIAMED, que se utilizan como criterio de adjudicación, las prestaciones adicionales que pudieran ofertar los licitadores, pero sin concretarse suficientemente  en su posible contenido y su extensión.  Es decir, que el Gobierno, da por bueno todo aquello que le dicen sin tener en cuenta si va a cumplirse o no e incluso sin especificar si debe ser su cumplimiento voluntario o imperativo.  De hecho, el Tribunal de Cuentas, dice que esa deficiencia es precisamente la que impide que pueda ser considerado como un contrato de gestión de servicios públicos y lo califica directamente como una privatización de servicios.

Sobre otro de los contratos añade  el Tribunal que “no se asume ningún tipo de riesgo por parte del contratista con la oferta que realiza, ya que el Gobierno, GARANTIZA que se le va a dar el 100% de la cantidad máxima consignada para el cumplimiento de ese contrato, es decir, que ya no es solamente que se consigne una cantidad elevada y no justificada por la prestación de un servicio, sino que además, el Gobierno de Sanz garantiza,  -sin ningún tipo de riesgo por parte del contratista-, que con poco trabajo se lleva el tope de la cantidad consignada para el contrato.

A ese respecto, añade el TC que ese contrato se adjudicó por procedimiento negociado, es decir, lo que ha venido denunciando el PR constantemente.  Se realiza coartando la publicidad y la concurrencia de otras empresas y que, realmente debería llevarse a cabo mediante un procedimiento abierto.  Insiste el Tribunal en que “no es correcto hacerlo mediante procedimiento negociado y que se justificó argumentando que ese centro médico era el único existente en la CAR para poder llevar a cabo este contrato, pero lo cierto es que, precisamente esa circunstancia, debiera haber provocado una menor valoración económica al contrato, puesto que no estaba justificada la inversión en mobiliario y equipamiento que ya existía.”  Es decir, si se trataba de un centro existente, el contrato debería haberse valorado de una forma más económica, puesto que la empresa no tenía que llevar a cabo la amortización de ningún tipo de material que hubiera tenido que adquirir en otras circunstancias.

“Es evidente, por tanto, -añade González de Legarra, que este tipo de informes y afirmaciones contenidas en el Informe de Fiscalización del TC, no hacen otra cosa que ratificar todas y cada una de las denuncias que hemos venido realizando desde el PR.”

El presidente del Partido Riojano quiere aclarar que “aunque VIAMED interpreta que este tipo de críticas las dirigimos hacia la empresa, es evidente que lo que estamos denunciando es la actitud y la política del Gobierno del PP.”

Está claro que VIAMED interpreta que este tipo de críticas las dirigimos hacia la empresa, cuando es evidente que lo que estamos denunciando es la actitud y la política del Gobierno del PP

El Tribunal de Cuentas censura las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos a Viamed Salud S.L.

  • El Tribunal de Cuentas afirma que los criterios utilizados por el Gobierno de La Rioja, dificultan la entrada de otras empresas y, en consecuencia, favorecen el monopolio actual.

  • El propio Tribunal considera que no nos encontramos ante simples contratos de gestión de servicios públicos y los califica como una privatización.

Logroño, 27 de enero de 2015

El presidente del Partido Riojano y candidato regionalista a las elecciones autonómicas, Miguel González de Legarra, ha presentado esta mañana en rueda de prensa, algunas de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Cuentas de España tras el análisis de algunos de los contratos realizados por el Gobierno de La Rioja para la gestión de los servicios sanitarios públicos de nuestra región.

A pesar de las numerosas ocasiones en las que, desde el Partido Riojano, hemos pedido información y datos concretos sobre las adjudicaciones de contratos de gestión de la sanidad pública, todavía no hemos conseguido del consejero de Salud ni del presidente Pedro Sanz, más que evasivas e insultos, pero ni una sola respuesta a las muchas dudas que plantea la privatización del sistema sanitario público riojano y las irregularidades en su adjudicación.

En opinión del presidente regionalista, “este informe del Tribunal de Cuentas avala íntegramente las sucesivas denuncias que hemos venido haciendo desde el Partido Riojano respecto a la privatización de la sanidad pública riojana en favor del entramado de empresas perteneciente a VIAMED SALUD S.L. y la consolidación de un auténtico monopolio en La Rioja.”

Hay que destacar que, desde el Tribunal de Cuentas, se viene repitiendo desde el año 2008 que se está llevando a cabo la adjudicación de diferentes contratos, de forma irregular, no ajustada a derecho y sin hacer caso a las recomendaciones que, desde el propio Tribunal de Cuentas, se le vienen haciendo al Gobierno de La Rioja.

Concretamente apunta este informe a diferentes incidencias en la elección del contratista y la adjudicación de los contratos, y dice textualmente que: “En los contratos sujetos a la Ley de Contratos Sector Público, se omitieron, en general, la justificación adecuada de la elección de los criterios que se tendrían en cuenta para adjudicar el contrato…” 

Dice también que “en general, se ha dado una muy baja ponderación del precio, de forma totalmente injustificada”, es decir, que la Comunidad Autónoma de La Rioja no ha utilizado los parámetros objetivos que el precio supone para valorar las ofertas, sino que cuando ha llevado a cabo este tipo de contratos, curiosamente, ha valorado más otras cuestiones subjetivas, otros criterios de elección de los contratistas y no la mejor oferta económica que pudieran haber presentado.

El informe del Tribunal de cuentas, dice además que el Gobierno de Pedro Sanz lleva a cabo una “utilización improcedente de los criterios de adjudicación de determinadas características de las empresas” y que “la utilización, -como criterio de valoración del concurso-, de los medios materiales o personales que ya debía poseer la empresa durante la propia fase de adjudicación del contrato, favorecería la continuidad de la empresa que ya estuviera prestando el servicio, y, en consecuencia, dificultaría la entrada de otras empresas solventes.

Es decir, no solamente dice que puede haber más empresas que podrían prestar los servicios que en este momento se encuentran llevando a cabo y gestionando empresas del entramado de VIAMED, sino que, además, con  los criterios establecidos por el Gobierno, se favorece que continúe prestando ese servicio el entramado de VIAMED y se impide que, en pública y lícita concurrencia, puedan entrar otras empresas solventes, con lo que, de facto, se está propiciando la creación de un monopolio de gestión de los recursos sanitarios públicos de la región. 

Dice asimismo, respecto a uno de los contratos establecidos con una de las empresas del entramado de VIAMED, que se utilizan como criterio de adjudicación, las prestaciones adicionales que pudieran ofertar los licitadores, pero sin concretarse suficientemente  en su posible contenido y su extensión.  Es decir, que el Gobierno, da por bueno todo aquello que le dicen sin tener en cuenta si va a cumplirse o no e incluso sin especificar si debe ser su cumplimiento voluntario o imperativo.  De hecho, el Tribunal de Cuentas, dice que esa deficiencia es precisamente la que impide que pueda ser considerado como un contrato de gestión de servicios públicos y lo califica directamente como una privatización de servicios.

Sobre otro de los contratos añade  el Tribunal que “no se asume ningún tipo de riesgo por parte del contratista con la oferta que realiza, ya que el Gobierno, GARANTIZA que se le va a dar el 100% de la cantidad máxima consignada para el cumplimiento de ese contrato, es decir, que ya no es solamente que se consigne una cantidad elevada y no justificada por la prestación de un servicio, sino que además, el Gobierno de Sanz garantiza,  -sin ningún tipo de riesgo por parte del contratista-, que con poco trabajo se lleva el tope de la cantidad consignada para el contrato.

A ese respecto, añade el TC que ese contrato se adjudicó por procedimiento negociado, es decir, lo que ha venido denunciando el PR constantemente.  Se realiza coartando la publicidad y la concurrencia de otras empresas y que, realmente debería llevarse a cabo mediante un procedimiento abierto.  Insiste el Tribunal en que “no es correcto hacerlo mediante procedimiento negociado y que se justificó argumentando que ese centro médico era el único existente en la CAR para poder llevar a cabo este contrato, pero lo cierto es que, precisamente esa circunstancia, debiera haber provocado una menor valoración económica al contrato, puesto que no estaba justificada la inversión en mobiliario y equipamiento que ya existía.”  Es decir, si se trataba de un centro existente, el contrato debería haberse valorado de una forma más económica, puesto que la empresa no tenía que llevar a cabo la amortización de ningún tipo de material que hubiera tenido que adquirir en otras circunstancias.

“Es evidente, por tanto, -añade González de Legarra, que este tipo de informes y afirmaciones contenidas en el Informe de Fiscalización del TC, no hacen otra cosa que ratificar todas y cada una de las denuncias que hemos venido realizando desde el PR.”

El presidente del Partido Riojano quiere aclarar que “aunque VIAMED interpreta que este tipo de críticas las dirigimos hacia la empresa, es evidente que lo que estamos denunciando es la actitud y la política del Gobierno del PP.”

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