El Partido Riojano considera lamentable que el juicio por el fraude del viñedo pueda terminar abortado por la falta de colaboración y la dilación provocada por la propia Administración del Partido Popular.

El presidente regionalista considera que las dificultades en la investigación han sido provocadas por el Partido Popular para tratar de ocultar la implicación de sus propios dirigentes.

El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, ha expresado hoy su profunda decepción al conocer que la Fiscalía Superior de La Rioja se está viendo obligada a intentar cerrar pactos para evitar que se celebre el juicio que, tras 14 años de instrucción, debería afrontarse en estos días para determinar el alcance de las responsabilidades por el fraude del viñedo que se ejecutó desde la propia Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja entre los años 1996 y 1999.

González de Legarra apoya a la Fiscalía Superior, consciente de las dificultades que durante todos estos años ha tenido que afrontar para esclarecer esta estafa, ante la escasa colaboración que ha recibido por parte de la Administración autonómica que, temerosa de que la instrucción pudiera llegar a implicar a los responsables políticos del PP, ha preferido siempre cargar las culpas contra el funcionario, dilatando el proceso y obstaculizando claramente las investigaciones.

Desde el Partido Riojano se considera que una estafa de esta magnitud no puede quedar sin el correspondiente castigo pero, sobre todo, consideran que no puede cerrarse en falso, con un acuerdo pactado y obligado por unas circunstancias de falta de colaboración con la Justicia por parte de la administración autonómica.

González de Legarra exige al Gobierno del Partido Popular que brinde todo el apoyo necesario a la Fiscalía para que el proceso no se cierre sin conocer realmente el fondo del asunto y quienes eran los inductores-cómplices del funcionario autonómico. Desde el Partido Riojano siempre se ha sostenido la práctica imposibilidad de que el Jefe de la Unidad del Viñedo pudiera cometer una estafa de tan gran magnitud sin que el propio Consejero de Agricultura, (Javier Erro) o el entonces director general de Agricultura del Gobierno de La Rioja (David Isasi), desconocieran los manejos que se estaban haciendo desde la propia Consejería, máxime cuando esa Unidad se sacó de la estructura general de la Consejería, haciéndola depender directamente del director general.

Para el líder regionalista, desde el primer momento resultaba evidente el afán del Partido Popular por dilatar el proceso, ya que no solo propició la lógica personación del Gobierno como acusación particular sino la de otros numerosos altos cargos que nada tenían que ver con el proceso y cuyo único objetivo era enredar la investigación y dilatarlo en el tiempo hasta llegar al punto actual en que resulta prácticamente imposible afrontarlo con las debidas garantías.

Para el Partido Riojano, sea cual sea el resultado final, resulta evidente que será injusto aunque solo sea por el tiempo transcurrido y no se puede evitar sospechar que finalmente existirá un «chivo expiatorio» que cargará con las culpas de quienes han trabajado con denuedo en estos años por llegar a esta situación sin salida.