El Gobierno del PP aprobó en junio la ley 4/2013 de flexibilización y fomento del alquiler de la vivienda. Una ley en la que el PP introdujo, a última hora y de tapadillo, una disposición adicional segunda, que suprime con caracter retroactivo las ayudas reconocidas a los compradores de VPO para subsidiar sus préstamos.

Los beneficiados de estas ayudas en La Rioja, estaban dentro de un convenio con el Ministerio de Fomento para la financiación social de la vivienda, que ofrecía mejores condiciones en el préstamo al ser una vivienda de protección oficial. Personas que habían adquirido viviendas de VPO desde 2005 tenían este derecho a la subsidiación por una duración máxima de 10 años.

Este derecho se solicitaba primero por cinco años, después se pedía la renovación por otro periodo de 5 años, que se concedía automáticamente si los compradores seguían cumpliendo los requisitos, esto sucedía casi en el 100% de los casos.

Estas ayudas suponen una media entre 80 y 150 euros al mes, aunque hay casos como las familias numerosas que pueden llegar hasta los 400 euros mensuales.

La disposición adicional añadida por el PP en esta nueva ley y que elimina estas ayudas se aplicará de forma retroactiva, lo que para el PR+ raya casi la inconstitucionalidad, ya que se elimina un derecho reconocido  con una duración expresa de 10 años.

Muchos afectados van a perder al año entre 1.000 y 1.500 euros como mínimo, hay casos con cifras todavía superiores.

En el Partido Riojano estamos recibiendo muchas quejas por la negativa del Gobierno de La Rioja de renovar estas ayudas a la subsidiación del la compra de una VPO en nuestra comunidad.

Es el Gobierno de Pedro Sanz el que niega este derecho adquirido y reconocido a los compradores de VPO, a través de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, que firma la señora Marian Ortigosa.

Es Pedro Sanz, en primera persona, quien elimina las ayudas a miles de riojanos que adquirieron viviendas de VPO por sus condiciones y ahora se les traiciona  con una ley que aplica una retroactividad, que consideramos ilegal.

Las propias entidades bancarias son las que reconocen que tienen derecho a pedir la renovación hasta los 10 años de estas ayudas, y que para ello tiene que solicitar dicha renovación al Gobierno de La Rioja, siendo este último quien las deniega.

Sabemos de personas que se plantean reclamar por vía judicial la defensa de sus derechos, pero se encuentran además de con las ayudas eliminadas, con unas nuevas tasas judiciales que deben pagar.

Pedro Sanz vuelve la espalda a familias que no podían acceder a viviendas sin ayudas y  que ahora, con muchos de sus miembros en paro corren peligro de ser desahuciadas.

En La Rioja los afectados pueden llegar a los 5.000.

El PR+ llevará al Parlamento diferentes iniciativas para que el Gobierno de Pedro Sanz deje de negar la renovación de las ayudas y que deje de aplicar una dudosa retroactividad con la aplicación de esta nueva ley.

Es bochornoso que mientras el Presidente de La Rioja se legaliza un chalé, sin cumplir la normativa vigente y pagando muy por debajo del valor real del mismo, elimine a miles de familias riojanas un derecho adquirido y reconocido.