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El Partido Riojano (PR+Riojan@s) cuestiona si el vertedero del valle del Najerilla, recientemente incendiado y cuyo humo hizo confinar a la población de localidades como Nájera, contaba con todas las medidas de seguridad en funcionamiento. La preocupación surge tras conocerse que existían informes y denuncias sobre irregularidades en la actividad de esta empresa privada que, sin los debidos controles de la administración, han puesto en peligro la salud pública.
La formación riojanista considera que los vecinos de la comarca y las localidades del entorno afectadas por los efectos del incendio deben saber cómo se produjo el fuego y si el vertedero cumplía y cumple con todas las medidas de seguridad, así como a los peligros a los que su salud ha podido verse expuesta.
Así mismo, en favor del interés general de todos los riojanos el Gobierno regional debe inspeccionar si los protocolos existentes ante accidentes como este incendio son suficientes o deben mejorarse, así como si el tratamiento de los residuos existentes quemados y sin quemar requiere de necesidades especiales, por ejemplo, de cara a evitar filtraciones de material peligroso a acuíferos cercanos o a la respiración de partículas peligrosas en el aire.
Está demostrado que tras los incendios se generan líquidos residuales tóxicos (lixiviados). Estos contaminantes, que al tratarse de un vertedero son más peligrosos, afectarán a los suelos y aguas superficiales y subterráneas de la zona. Muy especialmente, en la localidad vecina de Hormilleja, con una población de 171 personas, donde existen registradas captaciones de agua para distintos usos a tan solo un kilómetro y medio del lugar del suceso y que se usan, entre otras cuestiones, para el llenado de la piscina municipal
El Ejecutivo regional debía y debe conocer qué tipo de materiales se almacenaban y gestionaban en la instalación y, por lo tanto, qué tipo de residuos se han estado quemando y sus posibles efectos en la salud, antes y especialmente ahora, así como prevenir cualquier incidencia. Del mismo modo, debe garantizar que los residuos allí depositados habían sido previamente tratados como exige la normativa.
Se sabe que en 2024 una inspección calificó el espacio de “no apto”, por lo que el Gobierno debe dar cuenta si se realizaron las subsanaciones pertinentes y si las presuntas irregularidades recientes que han denunciado algunas plataformas ciudadanas y ecologistas son ciertas y, de ser así, qué medidas se han tomado hasta la fecha.
INACCIÓN DEL GOBIERNO POPULAR DE CAPELLÁN
Los riojanos merecemos un Gobierno responsable, eficiente y transparente, y una vez más los organismos públicos parecen no haber estado a la altura, especialmente la Consejería de Salud, con María Martín al frente, así como la de Mundo Rural y Medio Ambiente, que dirige Noemí Manzanos, de quien depende la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, encargadas del control de este tipo de instalaciones. De confirmarse la inacción de la administración no estaríamos ante un accidente, sino ante una cadena de irresponsabilidades que hasta podrían ser constitutivas de delito ecológico o de otro tipo.
No cabe duda que estamos ante un Gobierno déspota en la protección de la naturaleza y el cuidado del entorno que hace una política al margen de la legalidad y en algunos casos en contra de los intereses generales de todos los riojanos. Sin ir más lejos, ayer conocimos que el Tribunal Constitucional ha suspendido varios artículos de la Ley del Paisaje de La Rioja que, de haberse trabajado con más ambición, cuidado y responsabilidad, podría haber sido de gran utilidad.
A esto se suma el caso omiso que el equipo de Gobierno del popular Gonzalo Capellán hace de las quejas y denuncias de asociaciones como Amigos de la Tierra-La Rioja, en lo relativo a este vertedero y a otras instalaciones como la de Casalarreina que también ardió varias veces el año pasado.
