La memoria de la ley

Pedro García Rodríguez (Asociación de la Memoria Histórica La Barranca), Ana Lourdes González (PP), René Larrumbe Fuertes (PSOE), Raquel Recio Recio (PR), Silvia Aguado Sotodosos (IU), Javier Granda Loza (UGT), Juan Carlos Bermúdez (CCOO), Jesús Ramírez Martínez (Ateneo Riojano), Pedro Aceña Pando (Federación de Asociaciones de Vecinos) y Felisa Peso Valdemoro (Asociación Cultural PANAL)

Las leyes se hacen para ser cumplidas. Y de ese modo se entiende y asume cualquiera de ellas. Por ello, a nadie le extraña que, tras la aprobación de las mismas por los legislativos y su publicación en los boletines oficiales, entren en vigor en sus espacios competenciales. Desde ese momento, las instituciones, los ciudadanos y la sociedad en su conjunto se ven en la obligación de cumplirlas. Parece evidente, pues, que este proceso es el lógico, el correspondiente a las reglas del juego democrático que nos hemos dado y que nos sirven de marco convivencial.

Pues bien, parece que no con todas las leyes se cumple el mismo principio de inmediatez. Al menos no con una tan significativa como la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, denominada popularmente como la ‘Ley de memoria histórica’. En este caso no se está cumpliendo con tanta premura, sino más bien lo contrario.

Pero, además, resulta especialmente incomprensible que no se cumpla una Ley que en su exposición de motivos habla del «espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora». Que en su artículo 1 se marca como objetivos -entre otros como el reconocimiento y ampliación de derechos de quienes padecieron persecución o violencia, así como el de suprimir elementos de división entre los ciudadanos- algunos que pretenden «como política pública, (.) el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la guerra civil y la dictadura». O que, asimismo, en su artículo 15, sobre símbolos y monumentos públicos, dice que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura”.

Creemos que es hora de asumir el espíritu y la letra de esta ley que -¡después de tanto tiempo!- aboga por la normalización de la vida democrática en nuestro país respecto a nuestra historia reciente. Una normalización que pasa por un posicionamiento claro a favor de los valores y principios democráticos que precisan, y aún exigen, un conocimiento histórico riguroso de los hechos de nuestro pasado inmediato que tanto fracturó a nuestra sociedad; en este caso, reconociendo a los damnificados por la dictadura, dignificando nuestros espacios públicos mediante la eliminación de referencias antidemocráticas de nuestras calles y espacios públicos, y dando a conocer los hechos que provocaron esta situación. Así lo indica la ley.

En el caso del Ayuntamiento de Logroño, y con la intención de aplicar la citada norma, se constituyó durante el primer semestre del año 2010 una comisión que estudió los nombres del callejero, consensuó algunos cambios en los mismos y emitió el correspondiente dictamen en el mes de junio. Durante los trabajos de esta encomiable iniciativa se trabajó sobre tres principios: por un lado, la necesidad de cumplir la ley; por otro, la voluntad de abordar su cometido con generosidad y con pedagogía cívica. Y por último, el espíritu de consenso. También se hablaba en ese dictamen de instar a otras instituciones como el Gobierno de La Rioja, la Delegación del Gobierno y a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma a que se sumaran a este proceso de madurez democrática y dignificación nominal de nuestros espacios públicos.

Creemos que es el momento de invitar a estas instituciones a que den los pasos pertinentes para que se cumpla la ley. Esta reflexión y llamada de atención pública pretende ser un recordatorio de que, con ello, no se hará ni más ni menos que cumplir una ley necesaria y largamente esperada. No la retrasemos más. Es el momento de asumir su cumplimiento. Y es un deber de las instituciones, poderes y administraciones públicas hacerlo.

Las leyes se hacen para ser cumplidas; la de la ‘memoria histórica’, también.