El Gobierno regional se niega a readmitir a las trabajadoras del IRVI

Así recogen la noticia los distintos medios de comunicación:

El PR denuncia un sobregasto por despidos improcedentes
El PR pide que se readmita a las trabajadoras despedidas del IRVI en 2010

El coordinador territorial del Partido Riojano, Rubén Gil Trincado, ha analizado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que condena al Gobierno regional a readmitir a cuatro trabajadoras del IRVI que fueron despedidas en 2010, así como a pagar su sueldo desde el momento de su despedido hasta la fecha de resolución de la sentencia, una cantidad que asciende a 80.000 euros por despido improcedente.

Del mismo modo, el Gobierno de La Rioja deberá pagar otros 80.000 euros por cesión ilegal de dieciséis trabajadores, algo que la propia sentencia califica como “hecho muy grave”, y que viene provocado por “la mala gestión del Instituto Riojano de la Vivienda y del Gobierno de La Rioja”.

“El Gobierno de La rioja despidió a las cuatro trabajadoras alegando que su contrato era por producción y que por ello podían ser despedidas en cualquier momento”, algo que la sentencia remarca que es falso, motivo por el que el IRVI incumplió la normativa laboral.

Sin embargo, tras recibir la sentencia, el Gobierno de La Rioja se niega a readmitir a las trabajadoras en sus “antiguos y legítimos” puestos de trabajo. Gil Trincado denuncia que si no se readmite a las trabajadoras, el Gobierno regional deberá pagar 15.000 euros más de los que ya debe por el despido improcedente. “El Gobierno de Pedro Sanz prefiere no readmitir a las trabajadoras en sus puestos de trabajo y pagar todavía más dinero público”. Porque, tal y como denuncia el Partido Riojano, el dinero que deben pagar va a salir “del bolsillo de todos los riojanos”.

Gil Trincado considera que esto es un “fortísimo varapalo” al Gobierno de La Rioja y a “su forma de hacer las cosas”, formas “caciquiles” que demuestran que el Gobierno de Pedro Sanz prefiere gastar 15.000 euros de dinero público para no cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia.