El PR+ alerta de que el Gobierno regional cerrará el 1 de junio un ala de neumología del Hospital San Pedro, que supone al menos contar con 21 habitaciones cerradas.

El objetivo de Pedro Sanz es seguir engordando las cifras de las empresas privadas, más en concreto de Viamed.

Rubén Gil Trincado ha acusado directamente al presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, de ser el urdidor de este plan, ya que «está cambiando el negocio del ladrillo, la Ecociudad, o el negocio inmobiliario, por el de los pacientes», siguiendo lo que está haciendo el PP en otras comunidades como Madrid o Comunidad Valenciana.

Gil Trincado ha indicado que el cierre de neumología, se une al que se ya se hizo en el área de polivalentes que, entre otras cuestiones, ha provocado que «personas de 86 años estén ingresadas en maternidad«. Junto a ello, ha acusado al Gobierno del cierre de 20 habitaciones en el Hospital San Pedro, «plantas enteras» en el de La Rioja y 22 en la Fundación Hospital de Calahorra.

El parlamentario regionalista ha acusado a Sanz de «usar como un títere» al consejero de Salud, José Ignacio Nieto, para «beneficios de determinadas empresas privadas, a las que está haciendo engordar sus cifras». Actuaciones, que ha afirmado se hacen para «desviar pacientes a Los Manzanos, la clínica de Valvanera o a la Virgen del Carmen de Calahorra«.

Para Gil Trincado, el Gobierno riojano ha diseñado una «estrategia para convertir los hospitales públicos en puertas de salida hacia empresas privadas». A estas empresas, ha criticado que «se pagan millones de euros, más de 20 en 2013, a través de modificaciones presupuestarias».

El cierre del ala de neumología ha indicado que conllevará la «dispersión» por el resto del Hospital San Pedro de los trabajadores de este área, con el objetivo de «no contratar a más personas para cubrir bajas y vacaciones«. No obstante, el parlamentario del PR+ cree que en el futuro habrá más cierres de alas en los hospitales riojanos.

Ante esta situación, ha indicado que siguen investigando para ver las «ramificaciones» de las empresas privadas beneficiadas por estos hechos con el Gobierno regional, al tiempo que van a preguntarle al Ejecutivo por el «coste de una operación en la sanidad pública y la privada» o «por el hecho de que personas de 86 años estuvieran ingresadas en maternidad». Además, han reclamado conocer el número de habitaciones cerradas y si se suspenden operaciones programadas, hasta el punto de afirmar que «a una persona ya anestesiada se le suspendió la operación y se le derivó a la lista de espera».