El Partido Riojano denunciará en los tribunales el acuerdo de refinanciación del soterramiento aprobado por el Ayuntamiento de Logroño por considerarlo ilegal y lesivo.

González de Legarra anuncia que el 2 de septiembre presentarán en el Juzgado de Logroño la demanda contra el acuerdo municipal y pedirán su suspensión cautelar y la responsabilidad personal de los concejales que votaron a favor del mismo.

El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra ha informado esta mañana en rueda de prensa de las acciones judiciales que la formación riojanista va a emprender contra el acuerdo alcanzado con los bancos por el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja para refinanciar el crédito bancario para el soterramiento del ferrocarril.

El presidente de los regionalistas ha reiterado el rechazo de su partido a un acuerdo que «se mire por donde se mire, se ha hecho para resolver un problema que tenían los bancos, cargándolo sobre los ciudadanos; un acuerdo de refinanciación que, por lo tanto, es lesivo no solo para los intereses de los logroñeses, sino para el interés general de todos los riojanos.»

González de Legarra ha asegurado que «estamos ante un acuerdo que, lejos de garantizar la continuidad de las obras, lo único que consigue es certificar su abandono, garantizando que, pase lo que pase, los bancos cobrarán en efectivo, al tiempo que pone en entredicho la ejecución de las siguientes fases del soterramiento puesto que con su firma se está reconociendo que con el crédito concedido inicialmente no hay dinero suficiente ni para finalizar la primera fase con lo que, implícitamente, se admite de antemano por parte de la alcaldesa y del Gobierno de La Rioja, que se renuncia a la ejecución de las fase 2 y 3 y que, por lo tanto, hasta aquí ha llegado el soterramiento.»

El líder riojanista considera que estamos ante un acuerdo lesivo que nadie sería capaz de asumir con su propio dinero, pero que se asume con demasiada alegría por los dirigentes del PP porque están demasiado acostumbrados a jugar y perder el dinero de los demás.»

«Desde el Partido Riojano, -ha insistido-, afirmamos que estamos ante un acuerdo lesivo y que incluso debería ser el propio ayuntamiento quien declarara su lesividad y por lo tanto quien debería anularlo porque lo único que consigue es condenar a la ciudad al pago seguro de, al menos, 37 millones de euros. Esto nos da pie a afirmar que el acuerdo por el que se lleva a cabo esta refinanciación, es ilegal puesto que, en la práctica, supone un endeudamiento superior al permitido legalmente y eso es algo que por sí solo, debería servir para anularlo.

El presidente regionalista ha informado de que, el Partido Riojano ya ha presentado en el Registro municipal la solicitud de las certificaciones correspondientes del acuerdo adoptado por la corporación, con la intención de recurrir directamente a los tribunales, después de haber descartado la presentación de cualquier recurso administrativo previo al entender que la gravedad del acuerdo y las consecuencias que tiene para futuras corporaciones requiere el recurso directo ante los tribunales sin perder el tiempo en procesos intermedios que retrasarían su traslado a los tribunales.

González de Legarra también ha anunciado que «el próximo día 2 de septiembre presentaremos ante los tribunales una solicitud de medidas cautelares, previas a la resolución del procedimiento principal, en la que vamos a pedir que, por parte de los juzgados se lleve a cabo la suspensión de la ejecutividad del acuerdo plenario y por lo tanto se proceda también a la suspensión de la ejecutividad de la firma posterior de ese crédito y en consecuencia, y en tanto en cuanto no se resuelva ese procedimiento, -que puede durar incluso dos años- solicitaremos que no entre en vigor y que por lo tanto el ayuntamiento no esté obligado a nada respecto al contenido del acuerdo aprobado.»

En el mismo escrito, el Partido Riojano también ha solicitado la identificación de la protocolización de la escritura y de la póliza de afianzamiento con la intención de invalidar no solo el acuerdo plenario sino todos los actos que se hayan podido llevar a cabo como consecuencia de su aprobación y también han solicitado una copia del informe de valoración de los terrenos realizado por la consultora «Aguirre-Newman» porque «entendemos que a pesar de que en el mismo parece que se afirma que la valoración de los terrenos se ha reducido en un 40 % respecto a la que se podía tener estimada, estamos convencidos de que esa no es una valoración real y que, a pesar de esa reducción, los 159 millones de euros en que se valoran todavía estarían muy por encima de la realidad.»

Por último, el presidente del PR+ también ha informado que han solicitado de la Secretaría municipal, «la identificación de todos los concejales que votaron a favor de este acuerdo en el pleno del día 23 de julio, porque entendemos que, más allá de las actuaciones en el orden contencioso administrativo, los concejales también pueden tener una responsabilidad personal puesto que ese acuerdo lo adoptaron y lo votaron a sabiendas de lo que estaban haciendo y conociendo plenamente las nefastas consecuencias que traería a la ciudad y así lo intentaremos hacer ver en los tribunales.»