Autoridad y disciplina en las aulas

El Parlamento de La Rioja acaba de aprobar la Ley de Autoridad del Profesor de La Rioja, cuyo principal objetivo es extender el reconocimiento de autoridad pública a los empleados de empresas o instituciones privadas, es decir, a los profesores y empleados de las escuelas privadas concertadas, lo que genera las suficientes dudas jurídicas como para pensar que ese reconocimiento no tendría ninguna validez a efectos penales. 

La propia Fiscalía General del Estado ha dictaminado con claridad en la consulta 2/2008 de 25 de noviembre que para que pueda ejercerse la función de autoridad pública, es absolutamente imprescindible que exista una designación pública a través de cualquiera de las tres formas previstas en el artículo 24.2 del Código Penal, una circunstancia que no se da en ningún trabajador de ningún centro educativo concertado y que, por tanto, invalida este proyecto de Ley desde su inicio

Es una obviedad que los centros concertados no son públicos y que los docentes de esos centros, no tienen la condición de funcionarios públicos. Por tanto, hoy por hoy, no pueden tener ese reconocimiento de autoridad pública que las leyes sólo reconocen a los funcionarios. Entonces ¿qué cabría esperar de esta nueva Ley Autonómica? Pues, a juicio del Partido Riojano, lo único que cabría esperar es que el Gobierno regional ofreciera a los docentes una adecuada protección así como la asistencia psicológica y jurídica necesarias para respaldarles en los casos conflictivos en los que puedan verse envueltos en el ejercicio de su profesión, tanto si se realizan dentro del recinto escolar o fuera de él en otras actividades extraescolares programadas por el centro. Eso sí sería una novedad y supondría un avance para los profesores y, sobre todo, esa cobertura administrativa y de responsabilidad civil, sí que proporcionaría la confianza suficiente a los docentes para ejercer la autoridad que, insisto, ya les concede la Ley.

El problema actual no es que los docentes no tengan autoridad.  El problema es que se sienten desamparados y abandonados por la Administración educativa en el caso de que se les ocurra ejercer esa autoridad. Y eso es lo único que no contempla este Proyecto de Ley que, a pesar de ser un plagio de la promulgada en Madrid, el Gobierno regional ha tenido exquisito cuidado de no introducir esa garantía de protección a los funcionarios que, sin embargo, sí contempla la legislación madrileña.

Y esa actitud, ésta omisión es la que pone claramente de manifiesto que, con esta Ley, lo único que pretenden el Gobierno y el PP es aparentar, transmitir una falsa idea de que trata de proteger a los profesores ante una supuesta grave situación de indisciplina en las aulas, cuando en realidad, no modifica en absoluto el estatus jurídico de los maestros. Y lo que es peor, en caso de necesidad, les sigue abandonando a su suerte sin ofrecerles ninguna garantía ni cobertura de asistencia jurídica o de responsabilidad civil. Ante cualquier conflicto, la administración, se lava las manos…

Puedo entender la postura interesada del Partido Popular de trasladar a los profesores riojanos una política de gestos de cara a las próximas elecciones. Pero lo que no alcanzo a comprende es la posición un Partido Socialista que, erigiéndose siempre en defensor de la escuela pública y del valor del profesorado de los centros públicos, no solamente no se opone a que los empleados de una empresa privada tengan ese reconocimiento de autoridad pública, sino que incluso plantea enmiendas con las que propone que la Administración pública de educación proporcione protección y asistencia jurídica a todos los profesores de los centros educativos privados concertados.  Una posición que, además de una contradicción con su discurso, me parece una barbaridad. A los profesores de los centros privados, aunque sean concertados, quien debe prestarles la adecuada protección y asistencia jurídica es su empresa.  Y su empresa no es la Administración. Yo al menos defiendo una escuela pública que puede convivir con la concertada, pero que, en ningún caso puede confundirse.

Estamos ante una Ley negativa que invade claramente las competencias del Estado al tratar de regular mediante Ley un reconocimiento que afecta al propio Código Penal; que solo sirve para engañar a los ciudadanos con un placebo que no va a resolver los posibles conflictos a través de una vía pacífica, sino apostando por la vía punitiva y que además es incapaz de ofrecer protección y asistencia jurídica y de responsabilidad civil a los profesores.

Todos deberíamos asumir que el problema de la indisciplina no se soluciona con una Ley. Estamos ante un problema que surge del propio sistema educativo, y sobre él, debería establecerse un gran acuerdo nacional para conseguir desarrollar un sistema definitivo y perdurable que vaya mucho más allá de la mera instrucción. Un sistema que desarrolle la educación en principios y valores democráticos y que fomente también la entrega y el amor suficiente a la profesión para que los alumnos adquieran el reconocimiento, afecto y cariño hacia los profesores. Valores estos que deben extenderse a las familias y que son los únicos que van a permitir erradicar de las aulas cualquier resto de indisciplina. En esa tarea deberíamos comprometernos todos.