TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Debatíamos el pasado miércoles en el Pleno del Parlamento de La Rioja el Proyecto de Ley de “Transparencia y buen gobierno” que fue presentado ante los diputados por la Consejera de Hacienda con unos argumentos que, poco a poco, me fueron encendiendo hasta llegar a molestarme.

Iba desgranando la Sra. Consejera, hablando en nombre del Gobierno, una serie de ejemplos de cómo la transparencia, el ejercicio del gobierno abierto y la participación ciudadana presidían todas las actuaciones del equipo que dirige Pedro Sanz y terminó su alocución proclamando que si algún diputado no apoyaba con su voto ese proyecto de Ley es porque había perdido el juicio.

Mi compañero y yo habíamos decidido ya, no apoyar el proyecto de Ley y por ello habíamos presentado una enmienda a la totalidad, y las palabras de la consejera me hicieron reflexionar. Pensé en si era posible que cualquier ciudadano llegara a pensar que, efectivamente, habíamos perdido el juicio por no respaldar una Ley que, según su título, perseguía conseguir la transparencia, el buen gobierno y la participación de los ciudadanos en la vida pública…, al poco rato, dándome cuenta de quién me estaba diciendo eso y, sobre todo, en nombre de quién me lo decía, llegué a la conclusión de que era preferible haber perdido el juicio que la vergüenza.

Sin ninguna duda, la transparencia y el derecho del ciudadano a la información son piezas indispensables para hablar de regeneración institucional, para hablar de democracia en mayúsculas y estoy seguro de que no existe vacuna más segura contra la corrupción que la transparencia. Pero el problema es que el Proyecto de Ley que presentó el Gobierno es un simple placebo, una vacuna sin efecto que, en el mejor de los casos, solo conseguirá servir para justificar el incremento del Gobierno en su conocida actividad propagandística que supone, precisamente, la antítesis de la transparencia y el buen gobierno; es decir, solo servirá para incrementar la desvergüenza de un Gobierno que plantea su modelo de transparencia y participación como un mecanismo que les permite presentar una cara amable y abierta de la gestión de la administración, pero que, a la hora de la verdad, no permite a los ciudadanos fiscalizar realmente las decisiones políticas de forma directa. Únicamente regulan las condiciones de acceso a determinados ámbitos en los que los ciudadanos podrían llegar a culminar ese derecho, pero ni reconocen, ni ponen a su alcance un derecho real y pleno de acceso a la información que, en cualquier caso, siempre dependerá del criterio subjetivo del Gobierno de turno.

Por supuesto que yo no voy a negar que La Rioja necesite regular el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pero, lamentablemente, el texto que presentó el PP no plantea este derecho como un derecho fundamental que pueda ser ejercido por cualquier persona, sino que, muy al contrario, lo presentan como una simple extensión de los derechos de los ciudadanos como administrados. Ese simple matiz en la concepción del texto legislativo ya invalida a mi juicio, la totalidad de su contenido.

Desde el PP presentan el derecho a la información y la transparencia como un derecho administrativo cuando es evidente que la información pública no es del Gobierno. La información pública, es de los ciudadanos, nos pertenece a TODOS los ciudadanos, no solamente a los políticos y, mucho menos, a unos pocos políticos.

Por supuesto que yo soy de los que piensan que la transparencia no solo es garantía de calidad en la gestión de los recursos públicos, sino que también es garantía de calidad democrática. Y creo que esa calidad democrática es mucho más fuerte y creíble, si se sustenta en el respeto a los legítimos representantes del pueblo riojano que son los diputados. Y, ¡claro!, ¿cómo voy a creerme la voluntad de transparencia y de garantía del derecho de acceso a la información, por parte de un Gobierno que diariamente pisotea el derecho a la información de los diputados? ¿Cómo voy a creer la voluntad de cumplimiento de esa Ley que presentaba la Consejera, por parte del mismo Gobierno que, con su constante vulneración de otra Ley que es el Reglamento del Parlamento, ha terminado inventando un nuevo concepto jurídico que se podría conocer como prevaricación democrática?

Pedro Sanz y su Gobierno incumplen todos los días, de forma consciente, los deberes que tienen encomendados como servidores públicos y firman resoluciones de información que saben que son injustas, e incluso falsas en algunas ocasiones, a sabiendas de que lo son. Esa es la definición del delito de prevaricación. Y en su obligación de facilitar a los diputados la información que reclaman, ejercitan a diario esa prevaricación democrática, ¡ese delito contra la democracia!

Por eso acabo pensando que si los ciudadanos van a tener la misma suerte que los diputados cuando quieran acceder a la información, pues es mejor que no legislemos y nos ahorremos este viaje.

¿Por qué deberíamos pensar que esta Ley de Transparencia va a ser más efectiva con los ciudadanos? ¿Va a tener un ciudadano, con esta Ley, acceso a los informes de la ADER que se nos niegan a los diputados? ¿Van a poder conocer las auditorías de la ADER, o del IRVI o de VALDEZCARAY que se nos niegan a los diputados?; ¿Van a poder conocer lo que el Gobierno ha gastado en alquiler de aviones privados?; ¿Van a saber el número de vuelos y destinos de los viajes de avión que se han pagado con fondos del Gobierno?; ¿Van a tener acceso a las sentencias por despidos improcedentes?; ¿Van a poder consultar las condenas judiciales que acumula el Gobierno de La Rioja?; ¿Van a saber cuánto se paga y a quién se paga por redactar los discursos del Presidente del Gobierno y del Sr. Erro?; ¿Van a conocer los ciudadanos la cantidad de dinero que el Gobierno se gasta en los medios de comunicación nacional?, ¿En ABC o en Intereconomía, por ejemplo?; ¿y en los medios locales? ¿Van a tener acceso a la información de todas las obras, adjudicaciones, premios, contratos o subvenciones que le ha dado el Gobierno de La Rioja al mismo arquitecto que le ha cobrado solo 800 euros por hacer la sede del PP?

Estoy deseando que entre en vigor esta Ley para ver si a través de ella los ciudadanos conseguimos conocer las cantidades que VIAMED ingresa anualmente de los recursos públicos; para conocer sus presupuestos y toda su participación accionarial, para que así no tengamos ninguna duda sobre la posible participación del Sr. Sanz y su familia en el accionariado.

Pero, claro, me temo que todo esto seguirá estando en ese lado oscuro de la información que tanto protege el Partido Popular.

Y por eso me preguntaba el otro día si realmente el Parlamento está preparado para aprobar esa Ley. Aunque igual sería más acertado preguntarnos si es el PP quien no está preparado para aprobar la Ley. Porque, claro, llevan 20 años manejando las instituciones a su gusto y para su beneficio partidista y particular y a lo mejor esta Ley no está pensada para ellos. Porque el Partido Popular debería contestar también algunas preguntas para demostrar verdaderamente que quiere ser transparente, que decididamente apuesta por contestar aquellas cuestiones que realmente quiere saber la gente, como por ejemplo, ¿Cómo puede ganar un tesorero de un partido político 38 millones de euros de forma limpia? ¿Por qué Carlos Cuevas le dio 200.000 euros a Luís Bárcenas para que los blanqueara para poder comprar la sede de Logroño? ¿Qué políticos del PP en La Rioja han cobrado sobresueldos, de manos del tesorero del PP?

O, ¿cómo hizo el Presidente Sanz para pagar 14.946 euros por unas obras de conversión de su caseta de aperos en un chalé con piscina, cuando, como mínimo, cuestan 80.423? ¿Sabremos algún día cómo consiguió pagar al ayuntamiento 234’50 euros, cuando la liquidación tributaria por esas obras en Villamediana, debería haber sido diez veces más alta?

Ojala esta Ley sirviera para resolver definitivamente el famoso fraude del viñedo. Tanto que se habla del fraude de los ERE en Andalucía… Pues aquí también tenemos un escándalo fraudulento con las autorizaciones de viñedo ilegal en las que participaban los propios dirigentes del Gobierno, pero ¡ya ven!, los riojanos no tuvimos la suerte de contar con un juez tan entregado a la causa como la Jueza Alaya y, al final, el fraude terminó en agua de borrajas, los responsables políticos siguen en su puesto y las decenas de miles de euros que se estafaron, ha desaparecido definitivamente.

A lo mejor, si esta Ley hubiera estado vigente hace solo unos pocos años, los ciudadanos habrían podido saber qué es lo que estaban haciendo los representantes de algunos partidos con sus ahorros. A lo mejor habrían sabido que entonces algunos estaban muy ocupados encubriendo y tapando lo que estaba sucediendo en CajaRioja y así hubieran podido evitar que les robaran con las cláusulas suelo, con las preferentes y con los abusos que han estado cometiendo en los últimos 20 años.

Los escándalos retratan al régimen caciquil impuesto por el Presidente Sanz y hoy en día, para todos los riojanos, el “sanzcismo” es sinónimo de opacidad y de corrupción. El “sanzcismo” es sinónimo de chantaje, de extorsión, de amenazas, de miedo y de falta de transparencia. Por eso creo que han perdido la vergüenza presentando este Proyecto de Ley, porque está claro que con esta “Ley de Transparencia y buen gobierno” que nos presentó la consejera de Hacienda del Gobierno de La Rioja como el paradigma del acceso libre de los ciudadanos a la información que es suya y de nadie más, no se conseguirá responder ni una sola de estas preguntas. Porque es una ley donde, de forma deliberada, se mezcla un confuso código de buen gobierno con lo que debiera ser una ley rotunda y clara para regular un derecho fundamental de los ciudadanos. El de acceder y conocer la información de la administración que ellos sostienen.

Por eso no pienso mover un dedo para aprobar “esta” Ley. Es posible que haya perdido el juicio, pero todavía tengo vergüenza. Ya tenemos suficientes engaños como para sumar uno más.