Irregularidades en los cursos de formación.

El Partido Riojano exige respuestas al Gobierno de La Rioja sobre las consecuencias de la mala gestión de los cursos de formación para trabajadores y parados.

El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, ha insistido esta mañana en rueda de prensa en la denuncia que viene realizando desde el pasado mes de abril sobre las importantes irregularidades detectadas por la Comisión Europea en la realización de los cursos de formación para trabajadores y desempleados que se imparten en La Rioja y que “según indican todos los datos de que disponemos, son responsabilidad exclusiva de una mala gestión por parte del Gobierno de La Rioja y, en concreto, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo.”

González de Legarra ha recordado que, el año pasado, la Comisión Europea “realizó una misión de investigación en la que ratificó las “irregularidades” que ya había detectado anteriormente en los procedimientos internos de gestión  y control de los expedientes de subvención para los cursos de formación de trabajadores que imparten las empresas y entidades colaboradoras y que son financiados por el Fondo Social Europeo y, como consecuencia de ello, el Gobierno de La Rioja exigió a varias entidades la devolución de las subvenciones concedidas, a pesar de que habían sido perfectamente justificadas en los términos exigidos por el propio Gobierno, una situación que ha provocado incluso el cierre de alguna empresa.”

El Gobierno de La Rioja que primero negó la existencia de cualquier tipo de problema, reconoció más tarde que se iban a revisar 20 expedientes que, ante la insistencia de la denuncia del PR+, subió hasta más de 300 para acabar reconociendo en julio que son 1.016 los expedientes que la Comisión Europea obligó a verificar estableciendo el 20 de octubre como fecha tope para su revisión.

Para poder hacer frente a estas revisiones, -según ha explicado Legarra- , “el Gobierno de La Rioja tuvo que reforzar la plantilla ni más ni menos que con 19 nuevos funcionarios porque la dirección general no tenía capacidad de realizar todo el trabajo exigido por la Comisión Europea y también tuvo que autorizar la realización de horas extraordinarias para otros 11 funcionarios más que han tenido que dedicar entre 3 y 5 horas semanales, por las tardes, para poder sacar el trabajo. Aun así el Gobierno de La Rioja todavía se veía incapaz de completar el trabajo a tiempo y ha tenido que recurrir también a la contratación de una empresa externa que ha sumado a su propio personal para acometer las verificaciones.”

Sin embargo, González de Legarra ha anunciado esta mañana que “el lío que tiene montado el Gobierno de La Rioja con los cursos de formación es de tal magnitud que, ni aún con todo el personal asignado, las horas extras y la empresa externa, ni aún con todo ello han podido cumplir el compromiso adquirido con la Unión Europea y a 30 de diciembre, a fecha de hoy, todavía faltan por verificar más de 400 expedientes.”

González de Legarra ha acusado al consejero de Empleo y a su director general de mentir al seguir “manteniendo en público que la situación que se está viviendo tras la Auditoría de Investigación realizada por la Comisión Europea es absolutamente rutinaria y normal ; sin embargo, yo creo que, a estas alturas, y después de lo que hemos hecho público desde el PR+, a nadie le pueda quedar la más mínima duda de que el Gobierno de Pedro Sanz, está mintiendo, que  está tratando de ocultar algo grave y de que la gravedad de este asunto, está creciendo día a día.

El presidente regionalista ha insistido en que, desde su partido, quieren “conocer las consecuencias que el incumplimiento de este compromiso va a tener sobre los trabajadores y especialmente sobre las empresas colaboradoras porque, según hemos acreditado, el Gobierno continúa pidiendo la devolución de las ayudas a empresas y ayuntamientos y alguna otra entidad privada. Devoluciones que ya han provocado incluso el cierre de alguna empresa. De hecho, hace unos pocos días conocíamos la decisión de CC.OO. de renunciar a los fondos públicos regionales que venía recibiendo para impartir cursos de formación a trabajadores ocupados y desempleados.  Esa no es una decisión casual,-ha afirmado el presidente regionalista-, y cualquiera que esté interesado en este asunto podrá comprobar que el resto de sindicatos e incluso la propia patronal, han reducido de forma muy notable su oferta de cursos de formación. Solo es necesario hacer una comparativa con los que se ofertaban hace dos o tres años para darse cuenta de que algo grave está pasando y de que la oferta formativa para trabajadores y desempleados se ha reducido drásticamente en los últimos años.”

El líder riojanista ha insistido en recalcar que “lo que estamos denunciando desde el Partido Riojano, son hechos objetivos; el cierre de empresas que ofrecían este tipo de formación, es también un hecho objetivo; la reducción del número de cursos es algo evidente y la exigencia de devolución de fondos de formación a entidades que habían acreditado y superado todos los controles administrativos es también un hecho objetivo y el cierre de empresas de formación como consecuencia de estas anomalías es también innegable… Pero, sin embargo, el Gobierno sigue negando todo y asegura que todo es normal y que esto es lo habitual y estamos ante simples trámites administrativos.

Pero no solo se niega a ofrecer explicaciones rigurosas, sino que además miente con absoluto descaro y desvergüenza, por lo que, una vez más, exigimos respuestas claras e inmediatas sobre este gravísimo asunto que cada día está alcanzando mayor dimensión.

Queremos saber a cuánto ascienden las cantidades que se reclaman. ¿A cuántos trabajadores afecta? Queremos saber si tienen validez todos los diplomas acreditativos de los cursos que se han impartido hasta ahora. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que no han podido terminar su formación porque han cerrado las academias o las instituciones que ofrecían los cursos? ¿Por qué razón el Gobierno lleva hasta cuatro años sin pagar a los trabajadores y parados riojanos que han hecho cursos de formación, las dietas por desplazamiento y los gastos de esos cursos? ¿Por qué razón sigue habiendo cientos de trabajadores que han hecho los cursos de formación y que no reciben el diploma acreditativo? ¿Estamos solo ante un problema de incapacidad del Gobierno para gestionar los fondos europeos o estamos ante un nuevo escándalo de corrupción?”