El Partido Riojano ha conseguido que los reductores de velocidad de la Calle Doctor Fleming hayan sido rebajados, en beneficio del vecindario y usuarios del parque.
- Aldama ha defendido durante casi tres años consecutivos una solicitud realizada por comunidades de vecinos de la zona.
- Los Riojanistas consideran que hay que escuchar y responder las quejas de los ciudadanos porque solucionar problemas menores solventa muchos problemas que afectan diariamente y de manera directa a la ciudadanía.
El Grupo Municipal del PR+ en Calahorra se muestra satisfecho al comprobar que las obras de rebaje de los reductores de velocidad de la Calle Doctor Fleming se han ejecutado adecuadamente, gracias a la persistencia y tesón de la Concejal del PR+ Margarita Aldama, en recordar al Equipo de gobierno durante cada mes en las Comisiones Informativas de Urbanismo, nada menos que durante casi tres años, una solicitud realizada por comunidades de vecinos que pedían el rebaje o sustitución de los reductores de velocidad de la Calle Doctor Fleming .
Unas obras que fueron adjudicadas en la Junta de Gobierno Local con fecha 29 de septiembre de 2016 por un coste de 4.165,53€ IVA incluido, a la empresa constructora Hermanos Vea, las cuales se iniciaron el 21 de noviembre y en menos de una semana han terminado el rebaje de dos de los reductores de velocidad existentes en dicha calle, quedando el último próximo al Parque del Cidacos sin realizar sin conocer si existe alguna causa que lo impida, pregunta realizada en el Pleno Ordinario de noviembre que estamos a la espera de su contestación.
Los Riojanistas consideran de gran importancia atender las reclamaciones y quejas de los ciudadanos, primero porque los ciudadanos se sienten escuchados y en segundo lugar porque ponen solución a problemas que les afectan diariamente, mientras que soluciones grandiosas quizás no son percibidas por los ciudadanos como una necesidad o no les afecte de manera directa.
El PR+ afirma que responder a todas las solicitudes presentadas por la ciudadanía debería ser una obligación de la Administración Local, a ser posible en un plazo máximo de tres meses, explicando las razones para aceptar o denegar su petición, primero porque constituye un acto de respeto hacia la ciudadanía y segundo porque las personas o solicitantes se sienten injustamente desatendidos al no recibir ningún tipo de contestación a sus solicitudes, que suele ser lo habitual.