Una trama de viñedos ilegales y uvas no amparadas permitido por Agricultura

En el último pleno parlamentario se pidió la creación de una Comisión de Investigación parlamentaria para averiguar el grado de implicación que pudiera existir entre determinados altos cargos del Gobierno de La Rioja con la familia de la Vicepresidenta del Gobierno, Aranzazu Vallejo, en el conocido caso de plantación de viñedo ilegal en el municipio de Alfaro. Hechos, por otro lado, más que probados para el Partido Riojano.

Es un hecho probado que la familia Vallejo mantuvo durante más de 10 años una plantación de viñedo ilegal que, reiteradamente se negó a arrancar. Es un hecho probado la ilegalidad de esa plantación que, en distintas sentencias judiciales ha quedado más que demostrada. Es un hecho probado que el 26 de febrero de 2009, el Tribunal Supremo ratificó todas las sentencias anteriores que ordenaban el arranque de esos viñedos ilegales. Como también es un hecho probado que, finalmente, esos viñedos no se arrancaron hasta que el asunto no saltó a la prensa. Es un hecho probado que ese arranque ordenado por el Tribunal Supremo, tardó 14 meses en ejecutarse con lo que, es más que posible, que la producción de ese viñedo ilegal pasara al circuito comercial con absoluta impunidad y con el evidente y necesario conocimiento de la Administración Autonómica.

Sin embargo, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sanz, se niega a investigar este grave asunto, con el argumento de que la existencia de una extensión similar a la de cinco campos de fútbol de viñedo ilegal, en una finca de la que la Vicepresidenta de su Gobierno es al menos copropietaria, no tiene nada que ver con su Gobierno y afecta al ámbito privado de la familia de la vicepresidenta.

Y lejos de permanecer al ámbito privado, el Partido Riojano ha demostrado la participación y el conocimiento de todas estas situaciones por parte de la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja. “La ilegalidad de las plantaciones de viñedo de la familia Vallejo no es una sospecha que estemos denunciando sino que es un hecho probado por distintas sentencias judiciales desde el año 2006 en que, una sentencia del Tribunal Superior de La Rioja, determina que no puede procederse a la inscripción de los viñedos del polígono 34 de Alfaro”, explicó Miguel González de Legarra.

Es más, no pueden inscribirse ni las 5 consideradas ilegales, ni las otras 13 hectáreas que conforman ese polígono. Es decir, que el Tribunal determina que deben arrancarse 5 hectáreas de viñedo ilegal pero que mientras ese arranque no se produzca, la totalidad de las parcelas, es decir, las 18 hectáreas que se integran el dicho polígono, se consideran ilegales a los efectos de su inscripción y, en consecuencia, no pueden incorporarse al circuito comercial de la Denominación de Origen Rioja.

La familia Vallejo recurre esa decisión judicial exigiendo que se le permita la inscripción de los viñedos hasta que se resuelvan los recursos.  Y es aquí, apuntó González de Legarra, donde nos encontramos con el primer hecho insólito. “Ante esa exigencia de inscripción por parte de la familia de la vicepresidenta, la Consejería de Agricultura no manifiesta su oposición y finalmente decide autorizar y permitir la inscripción de esas hectáreas de viñedo sobre las que pesa ya una sentencia judicial. La propia Consejería de Agricultura ampara las pretensiones de la familia Vallejo y permite que la familia de la vicepresidenta del Gobierno de La Rioja incorpore al circuito comercial de Rioja entre 80.000 y 100.000 kilos”.

Lo grave, continuó,  es que el Partido Riojano tiene constancia de que, en otros casos, Agricultura, no ha autorizado las inscripciones por lo que la a la familia Vallejo es un claro privilegio que demuestra la participación y la implicación necesaria de la Consejería de Agricultura en este negocio ilegal.

En defintiva, resumió el líder de los regionalistas, existe una implicación y una connivencia evidente puesto que la Consejería conoce la existencia de la resolución judicial que declara la irregularidad de las 18 hectáreas de viñedo. La Consejería conoce también la improcedencia de la inscripción y, además de no hacer nada para evitar la inscripción, la permite de forma expresa y facilita con ello que toda la cosecha pase al circuito comercial del Rioja.

De hecho, “todo hace pensar que durante el proceso judicial, la Consejería de Agricultura ha intentado hacer las cosas con la intención de que la familia Vallejo ganara los juicios” Y para el Partido Riojano la inscripción de estas 5 hectareas ilegales no ha sido ningún error como dice el propio Pedro Sanz.”Pero un error puede ser media fanega, pero una extensión equivalente a cinco campos de fútbol, no ha sido nunca un error. Es evidente que eso ha pretendido ser un abuso de poder en toda regla”. 

Todas estas circunstancias, concluyó González de Legarra, demuestran que estamos ante unas personas que vulneran la legalidad con el convencimiento de que el poder que ejerce una de ellas en el Gobierno les capacita para pasarse las leyes por la entrepierna y les hace impunes, al menos ante la administración.