La Comunidad Autónoma de La Rioja vive sometida a una vergonzosa tiranía política. Una vez más el Partido Popular abusa del poder que le han confiado los ciudadanos para tratar de enmudecer a la oposición.
La última reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja, celebrada el pasado lunes día 25, sirvió para escenificar la última gran traición del PP a la Democracia en La Rioja. El PP ha decidido, en mitad del partido, cambiar las reglas del juego porque considera que no benefician a sus intereses y, a mitad de legislatura, sin ninguna razón que lo justifique, ha limitado los derechos de los parlamentarios riojanos recortando, unilateralmente y por primera vez en treinta años, el derecho de los diputados a controlar al Gobierno
Primero trataron de amordazar al Partido Riojano modificando el Reglamento del Parlamento para arrebatarnos el grupo parlamentario, los recursos y los tiempos de intervención. Una acción que el propio Tribunal Constitucional (siete años más tarde) declaró inconstitucional, contraria a Derecho y lesiva para los intereses y derechos fundamentales de los diputados del Partido Riojano. Al inicio de esta legislatura, se realizó una nueva interpretación restrictiva del Reglamento para impedir que los diputados del Partido Riojano pudiéramos hacer preguntas al Presidente del Gobierno y sólo se nos permite formular una pregunta cada cinco meses y el lunes pasado, con una nueva interpretación sesgada y partidista del Reglamento han decidido que los diputados del Partido Riojano sólo podamos formular dos preguntas orales en cada Pleno.
Y esto, ¿por qué?, ¿a qué responde esta nueva decisión del PP?
Es evidente que el PP está en caída libre, casi en descomposición; que es rehén de sus mentiras electorales y está acosado por sus escándalos de corrupción. Es evidente que el Gobierno de La Rioja y Pedro Sanz, se sienten arrinconados por el trabajo de oposición del Partido Riojano. Salta a la vista que la actividad del grupo más pequeño pero más activo del Parlamento de La Rioja, molesta excesivamente al Gobierno, incapaz de ofrecer respuestas coherentes a las decenas de irregularidades que denunciamos desde el PR+.
Pedro Sanz y el PP se sienten acorralados y han decidido que tienen que hacernos callar y para ello utilizan un recurso que, en mitad de la legislatura, cambia las reglas del juego, al más puro estilo de los gobiernos totalitarios y siguiendo la misma línea que ya declaró inconstitucional el Alto Tribunal.
Esta es la razón por la que los diputados del Partido Riojano asistiremos hoy al Pleno del Parlamento de La Rioja con un esparadrapo en la boca; simbolizando con ello la terrible mordaza antidemocrática que la mayoría del PP nos impone con esta decisión.
La misma mordaza que impide hoy hablar a muchos riojanos por miedo a perder su empleo o el de sus hijos; la mordaza que impide hablar a muchos empresarios ante la amenaza del Gobierno de hacerles perder sus clientes; la que impide hablar a asociaciones y colectivos por miedo a que les quiten las ayudas que les corresponden; a alcaldes y concejales porque se quedarán sin las obras que su pueblo necesita; la que impide que muchos ciudadanos se expresen en libertad por miedo a las sanciones económicas, a la persecución o a que les acusen de terroristas…
La misma mordaza que intenta imponer a los medios de comunicación un consejero del Gobierno de La Rioja, el Sr. Emilio del Río, que imitando los métodos que utilizaba Goebbels, intenta silenciar a la opinión pública y manipular con ello la voluntad popular que, en su declive político, mantiene en el poder a Pedro Sanz.
Los diputados del Partido Riojano tendremos que soportar la dictadura de las acciones antidemocráticas impuestas por los diputados del Partido Popular, pero jamás nos someteremos a ella y seguiremos luchando, como lo hemos hecho siempre, contra los abusos de autoridad de los actuales dirigentes del PP en La Rioja, defendiendo los derechos de los ciudadanos a quienes representamos en el Parlamento y denunciando al Gobierno de La Rioja en cuantas actuaciones consideremos que no se ajustan a la Ley, a la ética política, al sentido común o a la justicia social.