La semana pasada, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Viguera, integrado por el PR+ y el PSOE, hizo público el resultado de la auditoría de gestión que se ha realizado sobre el trabajo de la corporación anterior y que, desde el PP se trata de desprestigiar con argumentos absurdos.

Es una reacción del equipo de gobierno tras conocer que se están investigando infracciones urbanísticas cometidas supuestamente por el actual equipo de gobierno, cuando la realidad es que respecto a infracciones urbanísticas, se le puede recordar al PP que su anterior alcalde dejó prescribir el cobro de una sanción urbanística de 30.000 euros. ¿Motivos?

Miguel González de Legarra,PR+

En primer lugar, que el PP está en su derecho de investigar lo que considere necesario. Esa es su obligación como grupo de la oposición. Pero quiero recordarle a Carlos Cuevas que si quieren investigar infracciones urbanísticas, deberían centrarse en las irregularidades cometidas en la caseta de aperos de Villamediana que el Presidente del Gobierno, Pedro Sanz, ha convertido en un chalé y especialmente podrían centrarse en investigar como se han pagado las obras de ese chalé puesto que, a pesar de que las hemos pedido en varias ocasiones y el presidente ha presumido de tenerlas, todavía nadie ha visto las facturas que acrediten los pagos correspondientes y, mientras eso no suceda, tendremos que seguir sospechando que las obras se las ha hecho gratis una empresa a cambio de las adjudicaciones que ha recibido de las administraciones públicas controladas por el PP. Eso sí deberían aclararlo de inmediato.

En cualquier caso, respecto a la auditoría, tengo que decir que no se encargó porque se tuviera la sospecha de que el alcalde o la corporación anterior hubieran metido la mano en la caja. La auditoría se encargó porque, en un momento dado, se tuvo la certeza de que la Secretaria del Ayuntamiento de Viguera, contratada por la corporación anterior, sí había metido la mano en la caja, y encima asegura que lo ha hecho con el conocimiento y el consentimiento del alcalde del Partido Popular. De hecho, como resultado de la auditoría, se inició también un expediente disciplinario al que parece ser que el PP no quiere hacer referencia, que ha culminado esta misma semana con una resolución que ha determinado la suspensión de la Secretaria.

El Partido Popular, por lo tanto, debería explicarnos las razones por las que autorizó a la Secretaria a ingresar más de una nómina mensual y otros ingresos por lo que asegura que son otros conceptos o, al menos, las razones por las que no impidió que esto sucediera de manera continuada. (Este hecho es tan claro y evidente que incluso ella misma ha llegado a devolver una pequeña parte)

La auditoría, además de confirmar esta manifiesta irregularidad, detectó la existencia de otras que queremos suponer que son desajustes contables o irregularidades administrativas, por un importe total de 170.000 euros, además de otros pagos indiscriminados a personas que no son autónomos y tampoco tienen relación contractual con el Ayuntameinto. Unas cantidades que no son nada desdeñables de ninguna manera, pero mucho menos lo son para un ayuntamiento como el de Viguera. Es necesario recordar que la auditoría se realiza por un profesional acreditado y que se hace en base a la información que se custodia en el Ayuntamiento y, además, con la colaboración y las explicaciones que facilita la secretaria finalmente expedientada.

Pero el caso es que, en todo el tiempo que ha transcurrido desde que se les dio a conocer el resultado de la auditoría a los concejales del PP y al anterior alcalde, en ningún momento han facilitado a la actual corporación ni una sola información o dato que pudiera aclarar las irregularidades detectadas.

Por eso sorprenden todavía más las explicaciones que ahora trata de dar el exalcalde, aportando documentación que, en todo caso, y de ser cierta, debería formar parte de los correspondientes expedientes municipales en lugar de estar en su casa. (Expedientes municipales que, por cierto, no existen y esto es también otra evidencia cierta)

Lógicamente, si hubieran existido las facturas a las que Carlos Cuevas hacía referencia en su rueda de prensa, se hubiera sabido a qué correspondía el gasto pero es evidente que, ni el economista encargado de la auditoría, ni la propia Secretaria pudieron localizarlas en el ayuntamiento que es donde deben custodiarse esos documentos. Por eso, el que aparezcan ahora en casa del exalcalde, y lo hagan un año después de realizada la auditoría, no deja de sorprender y resultar cuando menos sospechoso porque, una de dos, o alguien se ha llevado las facturas del ayuntamiento, o alguien ha podido “fabricarlas” para tratar de justificar lo injustificable.

Llama especialmente la atención que el exalcalde y el propio Carlos Cuevas, justifiquen el pago de 150.102,75 euros a una serie de particulares por los supuestos daños producidos en su inmueble por una avería en la red municipal de abastecimiento de agua. Y llama la atención porque, en cualquier caso una avería de esa envergadura, debería haber propiciado el correspondiente expediente que tampoco existe en el ayuntamiento.

Es cierto que, en el Partido Popular están acostumbrados a utilizar el dinero público como si fuera suyo y a entregar sobres con dinero a propios y a extraños, pero Carlos Cuevas debería saber a estas alturas, que la gestión del dinero público exige mayor pulcritud y está sometida a una serie de obligaciones administrativas que, en ningún caso, pueden eludirse, porque de hacerse, pueden dar lugar a interpretaciones que pueden considerarse delictivas. Es lógico pensar, por lo tanto que, si no existe una justificación clara de cómo, dónde, quién y para qué se ha realizado un gasto, se pueda pensar que el dinero que no está justificado, ha ido a parar a manos de algún amigo del PP o incluso de algún pariente.

Lo que sí sabemos y ha quedado demostrado, no solo por la auditoría sino por el explícito reconocimiento de la afectada, es que la Secretaria, durante la legislatura anterior, se quedaba con un dinero que no le correspondía y hacía pagos sin ninguna justificación y que, ni el alcalde, ni ningún otro miembro del equipo de gobierno, movieron un solo dedo para impedirlo ni para tratar de recuperar el dinero público que se quedaba la secretaria y que, como ya he dicho anteriormente, que eso lo hacía con el consentimiento y el conocimiento del anterior alcalde del PP.

Tanto estas circunstancias, como el propio contenido de la auditoría son las que han obligado al actual equipo de gobierno a trasladar a la Fiscalía las conclusiones de la auditoría para que actúe si considera que, además de las irregularidades administrativas, se puede derivar alguna actuación que pueda ser constitutiva de algún tipo de delito.