La formación regionalista exige al Gobierno de La Rioja que haga públicos los Ayuntamientos y las cantidades exigidas.

Rubén Gil Trincado, PR+

Los regionalistas señalan que se exige la devolución de cantidades muy importantes.

El Partido Riojano ha señalado que el Gobierno de La Rioja está reclamando la devolución de las ayudas concedidas por cursos de formación a diferentes ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de La Rioja por irregularidades en su gestión. Los regionalistas señalan que desde la Consejería de Empleo se pide la devolución de importantes cantidades económicas a diferentes consistorios por cursos efectuados en los años 2008 y 2009.

La formación regionalista ha exigido al Gobierno de La Rioja que haga pública la relación de ayuntamientos a los que reclama la devolución de las ayudas concedidas y los motivos por los que se reclama el reintegro del dinero y qué irregularidades se han detectado. Desde el PR+ denuncian que el Ejecutivo de Pedro Sanz se niega a entregar a los diputados regionalistas los expedientes solicitados por dichas irregularidades en la gestión de los cursos y subrayan que son varios, con cantidades importantes, que pueden llegar a los 100.000 euros.

Desde el PR+ han preguntado al Gobierno de La Rioja si entre los consistorios a los que se les reclama la devolución del dinero están Rincón de Soto, Ribafrecha y Ocón, entre otros muchos, y las cantidades que exigen devolver siete años después. El Consejero, Javier Erro, se niega a ofrecer los datos que deben ser públicos y la causa de las irregularidades producidas. Esperan que el Alcalde de Rincón de Soto aclare si el Gobierno reclama la devolución de mucho dinero por cursos de formación a su Ayuntamiento. Los regionalistas resaltan que todo esto viene de la auditoria que ha realizado Europa y en la que se han detectado infinidad de irregularidades en la gestión del Gobierno y éste lo está intentando derivar a las empresas y a los ayuntamientos.

Los regionalistas han manifestado que hay empresas a las que les reclaman la devolución de casi 200.000 euros por cursos de formación, que en su día tuvieron el visto bueno del Gobierno de Pedro Sanz, y otras a las que las cantidades reclamadas van desde los 25.000, hasta los 50.000 euros. Las empresas están recurriendo y el Gobierno se está lavando las manos en su responsabilidad para que el escándalo mayúsculo no salte antes de las elecciones.