El decretazo fotovoltaico

Bajo el pretexto de reducir el déficit tarifario, el Gobierno de España aprobó el pasado 22 de diciembre un Real Decreto-Ley que será sometido a la convalidación del Congreso de los Diputados el miércoles 26 de enero.

Desde el Partido Riojano queremos recordar que el déficit tarifario que ahora se pretende reducir, es el resultado de una política desarrollada en su momento por el Gobierno del PP del Sr. Aznar, que consistía en desvincular las tarifas eléctricas de los costes de la electricidad. Una barbaridad que el PSOE jamás se ha atrevido a corregir a pesar de que era consciente del problema que, a corto plazo, iba a generar. Partimos por tanto de la base de que los dos partidos, PP y PSOE, son responsables de ese déficit tarifario que se generó mucho antes de que las energías renovables, especialmente la fotovoltaica, tuviesen ningún peso en el conjunto de la producción energética nacional. Sin embargo ahora es a estos últimos, a quienes se les quiere hacer pagar estos excesos.

Y, curiosamente, vemos también como ahora los dos partidos parecen dispuestos a dar la espalda a las PYMES y pequeños inversores a los que se ha instado en los últimos años a invertir en el sector de las renovables bajo el paraguas de la protección de una normativa aprobada en 2007, que aseguraba el pago de la energía generada a un precio prefijado durante toda la vida útil de las plantas. Ahora, cuando ni siquiera se ha comenzado a amortizar la inversión que cientos de autónomos y pequeños ahorradores riojanos han realizado en estas instalaciones, el Gobierno del PSOE ha decidido cambiar las reglas del juego limitando el número de horas de funcionamiento de las plantas solares, con lo que se prevé que la remuneración que perciban se va a reducir en un 30 %, lo que, solamente en La Rioja, va a suponer unas pérdidas de unos 8 millones y medio de euros que no salen de las grandes compañías eléctricas, sino de las costillas de cientos de pequeños ahorradores, (unos 800 según las propias asociaciones) que vieron en esta inversión garantizada por el Gobierno de España una oportunidad de asegurar un plan de pensiones para su futuro.

Pero, de pronto, el Gobierno de España ha cambiado las reglas del juego y ha dado un auténtico hachazo a los derechos de estos pequeños productores de energía solar fotovoltaica con el único objetivo de satisfacer las exigencias de las grandes compañías eléctricas que han visto en estos pequeños productores una competencia molesta que el Gobierno de Zapatero se ha apresurado a erradicar. Y además ha decidido hacerlo recurriendo a la promulgación de un Real Decreto-Ley que no consigue ocultar las peores intenciones que mueven al Gobierno en este asunto, puesto que la utilización de esta fórmula legislativa impide que los afectados puedan acudir al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional para reclamar una protección de sus derechos de propiedad o, por lo menos, para someter al mejor criterio de un tribunal si la actuación del Gobierno se ajusta o no a la legalidad. Ni siquiera el Gobierno les concede esa posibilidad.

El hachazo es brutal y pretende ser definitivo. Y por eso, desde el Partido Riojano, rechazamos rotundamente tanto el intento del Gobierno de limitar las horas de funcionamiento de las plantas fotovoltaicas como el método utilizado y su efecto retroactivo.

No podemos dejar de manifestar nuestra sorpresa y extrañeza por el insólito hecho de que el Gobierno de La Rioja no haya dicho ni una sola palabra en torno a este asunto. Sorprende que un Gobierno que ha sido capaz de recurrir ante los tribunales normas del Estado que en nada afectaban a los riojanos, como es el caso del Estatut de Cataluña, haga mutis por el foro cuando se trata de defender los derechos consolidados de cientos de riojanos.

Y sospecho que la razón del silencio del Gobierno de La Rioja en este asunto está en la necesidad de ocultar su participación y colaboración en algunos casos de fraude, más o menos importantes, que se han producido en la concesión de licencias de instalación de algunos huertos solares en los que los casos de SOLARIA y de las empresas vinculadas al consejero de Hacienda, Juan José Muñoz, son los casos más llamativos.

Porque es llamativa la rapidez con que las empresas fotovoltaicas del consejero de Hacienda consiguieron sus permisos, con la clara intención de facilitar que cumpliera los plazos establecidos en la normativa del 2007 para acceder a las subvenciones aunque no estuvieran en producción. Igualmente fueron llamativas las facilidades que se le dieron a SOLARIA para instalar su huerto solar, así como las mentiras que se han tenido que inventar para tratar de hacernos ver que se mantiene una empresa de producción de placas cuando en realidad no es más que un huerto solar.

Es más que evidente que en la instalación de este tipo de huertos se han producido importantes fraudes de Ley para los que ha sido imprescindible la participación de las distintas administraciones públicas que han llegado a certificar el pleno rendimiento de algunas instalaciones que ni siquiera estaban empezadas. Esa connivencia entre administraciones es la que puede estar provocando el silencio de nuestra administración regional, el mutismo del Gobierno de La Rioja y del PP en torno a un asunto que no solo afecta a los intereses particulares de 800 pequeños productores sino que afecta a la misma estrategia energética regional que debiera preocuparnos seriamente, como región y como Gobierno.

Este silencio destapa las intenciones de ambos gobiernos, tanto el de España como el de La Rioja, que parece que hayan alcanzado un pacto de silencio para que, entre todos los productores, paguen los fraudes que han cometido unos pocos y con ello se tape también su propia participación en las irregularidades cometidas. Se convierte a los productores honestos y a los pequeños inversores en auténticos chivos expiatorios de una situación de fraude propiciada por los propios gobiernos criminalizando a todos para que no se descubra a los fraudulentos.

Lo que debería hacerse es precisamente todo lo contrario, propiciar la inspección y que se detalle quienes han defraudado y se les aplique solo a ellos este decreto de limitación de producción. Lo contrario será la constatación de que se ha permitido que algunos montaran su chiringuito bajo el amparo y la protección del Gobierno y que ahora, para no arruinarles su negocio, se opta por arruinar a todos.