El Partido Riojano PR+ defiende las competencias del Gobierno de La Rioja basadas en su Estatuto de Autonomía para declarar la región como territorio libre de fracking, aunque no le guste al Ministerio de Industria.

Los regionalistas creen que las declaraciones del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, no son gratuitas y persiguen deshacer el camino que algunas comunidades hemos recorrido en estos dos últimos años, como es el caso de La Rioja, que el pasado mes de junio aprobó una Ley que prohíbe de forma expresa todo tipo de prácticas extractivas que puedan estar basadas en la utilización de esta técnica.

Miguel González de Legarra, PR+

El Gobierno de España acaba de pronunciarse, por fin, sobre la tan traída y llevada técnica de la fractura hidráulica o fracking en la extracción de hidrocarburos y lo ha hecho de la forma más incongruente e inesperada que se podía pensar, con una declaración incendiaria del Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

La segunda autoridad del Ministerio de Industria declaraba anteayer en el Congreso de los Diputados que las competencias sobre la determinación del uso de la fractura hidráulica en España, corresponde de manera exclusiva al Gobierno de España y que, en consecuencia, ninguna comunidad autónoma puede arrogarse competencias en esta materia y, mucho menos, puede establecer la prohibición absoluta del uso de esta técnica en su territorio.

Desde el Partido Riojano creemos que las declaraciones del Secretario de Estado no son en absoluto gratuitas y lo que persiguen, al parecer, es deshacer el camino que algunas comunidades hemos recorrido en estos dos últimos años, como es el caso de La Rioja que el pasado mes de junio aprobó una Ley que prohíbe de forma expresa todo tipo de prácticas extractivas que puedan estar basadas en la utilización de esta técnica.

Con esta declaración resulta evidente que el Ministerio de Industria y el Gobierno de España han iniciado una ofensiva para recuperar competencias que, en este momento, interesa mantener bajo control con el fin de facilitar la negociación con las empresas, multinacionales en la mayoría de las ocasiones, que realizan este tipo de prácticas. Y parece que los tímidos pasos que el Gobierno de Rajoy y el Partido Popular habían dado en dirección a un uso más racional de las energías y a conseguir conciliar los intereses de las grandes empresas y las necesidades energéticas del país con los deseos de los ciudadanos, empiezan a romperse.

La declaración del segundo de a bordo del Ministerio, es todo un golpe de timón que modifica el rumbo de la política energética de manera radical y, ante una declaración de este calado, tanto el Gobierno de La Rioja, como el propio Parlamento deberían pronunciarse de inmediato puesto que lo que hace es cuestionar nuestra propia capacidad de autogobierno y nuestra autonomía política como región.

Hay que recordar que La Rioja acaba de promulgar una Ley autonómica que prohíbe expresamente la utilización de la técnica del frácking en todo nuestro territorio y que esa Ley se promulgó al amparo de la competencia que, como Comunidad Autónoma, nos otorga nuestro Estatuto de Autonomía para ejercer el desarrollo normativo y la ejecución en materia de protección del medio ambiente y las normas adicionales de protección del medio ambiente y del paisaje (artículo 9.1).

Una competencia que, a juicio del Partido Riojano, implica que La Rioja tiene la posibilidad de establecer niveles de protección del medio ambiente más amplios que los que establece la normativa básica del Estado, tal y como ha indicado el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias.

Además, La Rioja puede ejercer en los mismos términos competencias en materia de régimen energético (artículo 9.2) y sanidad (artículo 9.5), y competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda (artículo 8.1.16) que son en las que se fundamenta la promulgación de nuestra Ley autonómica para prohibir el uso del fracking en La Rioja. Una Ley que fue aprobada por unanimidad del Parlamento y que, en consecuencia, tanto el Gobierno como el Parlamento, deberían defender a ultranza ante el claro ataque a nuestra autonomía que aparece implícito en las declaraciones del Secretario de Estado.

En cualquier caso, creo que hoy es necesario explicar por qué es tan importante defender la vigencia de nuestra Ley autonómica e insistir en los perjuicios que supone este sistema de extracción.

Hay que recordar que estamos hablando de una técnica que requiere de una enorme capacidad logística. Estamos hablando de una industria pesada, que requiere un tráfico constante de materiales y personal, infraestructura, logística, transporte, alojamiento, etc. El impacto se multiplica además porque también tiene una vida muy corta. El trabajo hay que hacerlo a toda prisa y una vez que se han exprimido los depósitos, hay que abandonar el territorio, con lo que en muy poco tiempo, el impacto que las prisas y el trasiego de vehículos pesados tiene sobre el territorio destruyen un paisaje y un hábitat que puede tardar muchas décadas en recuperarse.

La Rioja es una región que, si por algo se caracteriza, es por el agua. Una región atravesada por siete ríos y con unos depósitos de aguas subterráneas que se consideran realmente importantes. Por eso, poner en riesgo la calidad y la propia subsistencia de esas reservas hídricas nunca puede compensarnos a los riojanos, especialmente cuando lo que se perseguiría con esta técnica del fracking es prolongar la agonía de unos recursos energéticos que, hagamos lo que hagamos, están destinados a agotarse.

Poner en riesgo el futuro del suministro de agua en La Rioja a cambio de mantener durante unos pocos años más las cuentas de resultados de algunas multinacionales, no puede ser rentable, bajo ningún concepto, por muy rentable que pueda parecérselo al Gobierno de Rajoy.

La fractura hidráulica, o fracking, es una técnica para la extracción de hidrocarburos no convencionales que plantea en la actualidad importantes interrogantes, tanto desde el punto de vista de la salud de las personas, como desde la perspectiva de las afecciones relacionadas con el medio natural. En estos días estamos viendo precisamente las consecuencias que el fracking puede llegar a tener sobre la seguridad en materia de riesgos geológicos, fundamentalmente relacionados con movimientos sísmicos, como los que se están produciendo en la costa catalana, frente al Delta del Ebro. Los terremotos que está provocando el proyecto Castor, que no es otra cosa que fracking, son la demostración más palpable de los peligros que conlleva esta práctica.

Lo que, sin embargo nos preguntamos desde el Partido Riojano es por qué ahora el Gobierno de España retrocede en materia de protección del medio ambiente y quiere llegar incluso a discutir la capacidad competencial de las Comunidades Autónomas. ¿Qué pretende conseguir con ello? ¿Está tratando de recuperar competencias en materia energética para realizar sin mayores estorbos concesiones determinadas que, de otra forma, no saldrían adelante?

¿Por qué ahora el Ministerio trata de desautorizar a las comunidades autónomas y evitar que legislen sobre una materia que afecta directamente a la seguridad y la salud de las personas? ¿Es más importante para el Gobierno de Rajoy el beneficio económico de determinadas empresas que la salud y la seguridad de las personas?

Hay que recordar que esta declaración del Secretario de Estado ha venido después o, al mismo tiempo, que se están produciendo otros retrocesos en materia de energía nuclear que pueden llegar incluso a permitir que la Central Nuclear de Santa María de Garoña pueda estar operativa en breve tiempo.

Sería bueno que el Gobierno de Rajoy nos diga con claridad cual es su política energética para saber a qué atenernos y, en cualquier caso, sería también deseable que el Gobierno de La Rioja responda de forma inmediata al Ministerio de Industria, defendiendo nuestra capacidad de legislar en esta materia y advirtiendo que no va a permitir más pasos atrás en la defensa de nuestro medio natural y en la seguridad de las personas.

El Gobierno de La Rioja tiene que recordarle al Ministerio de Industria, con toda rotundidad, que la Comunidad Autónoma de La Rioja, actuando dentro del ámbito de las competencias recogidas en su Estatuto de Autonomía en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; protección del medio ambiente y de los ecosistemas; sanidad e higiene; promoción, prevención y restauración de la salud; industria y régimen minero y energético, ha aprobado con toda legitimidad la Ley que declara a todo su territorio como un espacio libre de fracking y que así debe seguir siéndolo en el futuro, por mucho que no le guste al Ministerio de Industria.