El Partido Riojano denuncia que SACYR ralentiza la ejecución de las obras del Palacio de Justicia, como estrategia de presión para conseguir que el Gobierno de La Rioja apruebe una importante modificación presupuestaria.

Miguel González de Legarra, PR+

González de Legarra habla del “efecto Panamá” y denuncia que esta estrategia que siempre utiliza el PP con las grandes constructoras, no abarata el coste de las obras, expulsa del circuito a las empresas locales y propicia situaciones confusas en las que las comisiones y los “sobres” se convierten en protagonistas.

El presidente del PR+ ha declarado esta mañana en rueda de prensa que “desde el Partido Riojano estamos detectando situaciones que tienen muy difícil explicación en relación a la construcción del Palacio de Justicia, que ya empiezan a resultar más que sospechosas. Sobre todo cuando el Gobierno se niega a explicarlas y trata de ocultarlas.”

González de Legarra cree que “resulta sospechoso comprobar que no hay prácticamente actividad en la obra. A diario no están trabajando más de media docena de personas, una situación que contrasta claramente con la frenética actividad laboral que se vive, sin embargo, en las obras de construcción del aparcamiento conjunto. Viendo las obras del aparcamiento y el trasiego de camiones, material y obreros que registran esas obras, mucha gente piensa que se está trabajando en el Palacio de Justicia, pero hay que recordar que aunque se desarrollan sobre el mismo espacio físico, son dos obras que no tienen relación entre ellas, que son ejecutadas por empresas distintas y que tienen presupuestos también distintos.

¿A qué responde por tanto esta situación de paralización de las obras del Palacio de Justicia? Desde el PR+, -declara Legarra-, creemos que estas obras están sufriendo lo que podríamos definir como “el efecto Panamá“. Es decir: parece ser que la empresa adjudicataria de las obras, la empresa SACYR está actuando en Logroño de la misma manera que lo está haciendo en las obras del Canal de Panamá. Ralentiza la ejecución de las obras, como estrategia para presionar al Gobierno con el objetivo de conseguir que el Gobierno de La Rioja apruebe una importante modificación presupuestaria para seguir con la ejecución de las obras.

Esto pasa además, con un Gobierno que, en esta legislatura, ha apostado todo a una sola carta, puesto que el Palacio de Justicia es la única gran obra que espera poder presentar como balance de gestión en la próxima campaña electoral y, claro, si la obra no se ejecuta a tiempo, el Gobierno se pone muy nervioso y lo más fácil es ceder a las presiones de la empresa y aceptar los modificados que ésta le plantee. Pero es evidente que esta no es una estrategia que únicamente utilice la empresa. No es la primera vez que, desde el Partido Riojano denunciamos esta estrategia utilizada desde hace años por el Partido Popular con las grandes empresas, especialmente con las empresas de construcción que, con el PP, son las que se adjudican siempre las grandes obras a costa de presentar ofertas económicas muy bajas contra las que ninguna empresa local puede competir. La oferta siempre se considera la mejor y, al final, el PP acaba adjudicando siempre estas obras a estas grandes empresas que tienen recursos suficientes como para iniciar la obra y, al poco tiempo, cuando se ha ejecutado en torno al 25 %, empiezan a presentar modificados que acaban engordando el presupuesto final de ejecución hasta superar con mucho el presupuesto de licitación. En algunos casos pueden llegar incluso a duplicarlo como sucedió, por ejemplo, en el Hospital San Pedro y en tantas otras.”

El presidente regionalista denuncia que “esto es lo que parece que está sucediendo ahora mismo en el Palacio de Justicia. Las obras están prácticamente paradas y, mientras tanto, la empresa SACYR está negociando con el Gobierno de La Rioja los correspondientes modificados que conseguirán finalmente elevar el presupuesto definitivo hasta superar el presupuesto de licitación.”

Para el presidente de los regionalistas, “esta es la estrategia de estas grandes empresas que tienen en nómina más abogados que albañiles. Una estrategia con la que consiguen expulsar de la competición a todas las empresas locales a las que luego pretenden subcontratar por precios ridículos. Tan ridículos que incluso ahora mismo están teniendo dificultades para encontrar en La Rioja empresas que quieran trabajar con ellos. Lo importante es trincar el contrato al precio que sea y luego, ya se negociarán las correspondientes modificaciones. Esto es exactamente lo mismo que está pasando en estos momentos en Panamá con las obras de ampliación del Canal. La diferencia es que allí han tropezado con un Gobierno que parece que no está dispuesto a pasar por el aro y pagar el tributo de estas grandes empresas, -al menos no a cualquier precio-, y aquí parece que esto es lo habitual y el Gobierno lo asume, sin ninguna dificultad.

El problema es que este tipo de manejos a los que parece que el PP está tan acostumbrado, son los que propician luego situaciones confusas en las que las comisiones van y vienen y en las que los sobres, -y no precisamente los de la licitación-, se convierten finalmente en protagonistas.”

González de Legarra ha insistido en denunciar que el Gobierno “está negociando con la empresa SACYR unas modificaciones presupuestarias de la obra del Palacio de Justicia que van a convertir en papel mojado un concurso al que se presentaron muchas empresas, algunas de ellas riojanas, que fueron excluidas por que hicieron ofertas más elevadas que la empresa que resultó ganadora. Lo escandaloso viene ahora, cuando el PP está negociando esas modificaciones que conducirán el resultado final de esta obra hasta un presupuesto mucho más alto que la más alta de las ofertas iniciales.

Por eso desde el Partido Riojano queremos exigir transparencia al Gobierno de La Rioja, que explique a todos los riojanos qué es lo que está negociando con SACYR y en qué términos, porque también nos tememos que los acuerdos no solo puedan alcanzar a la ejecución de la obra, sino que también puedan afectar al mantenimiento posterior del edificio.”

Hay que recordar que no solo se adjudicó la construcción del edificio, sino que, en el mismo paquete, también se adjudicó su gestión y mantenimiento durante los primeros años, un proceso que, según insistía Legarra, “podría modificarse ahora y que podría comprometer e hipotecar el futuro de la Justicia riojana.”