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Los riojanos somos los más afectados por la Ley de Tasas Judiciales con un aumento del pago de 1932%

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En La Rioja en 2012 se recaudaron 69.000 euros por la nueva Ley de Tasas, en 2013 esa recaudación subió a más de 1.400.000 euros.
Rubén Gil Trincado, PR+

Rubén Gil Trincado, PR+

El PR+ lleva al Parlamento una propuesta para que el Estado transfiera la recaudación de Tasas Judiciales a La Rioja y así mejorar la Justicia gratuita.

El Partido Riojano (PR+) ha presentado hoy en el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley solicitando que se inste al Gobierno central a traspasar a la Comunidad riojana la recaudación por las tasas judiciales.

El diputado regionalista Rubén Gil Trincado ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha apostado, en primera instancia, por eliminar las tasas judiciales que “se han convertido en una barrera para acceder a la Justicia”.

No obstante, mientras el Partido Popular no las retira ha solicitado que su recaudación se derive a La Rioja para que ésta la pueda usar en hacer frente a los gastos del turno de oficio y en pagar “en tiempo y forma” a los abogados.

Ha recordado que “el PP anunció que ampliaba el campo de beneficiarios para la justicia gratuita y elevaba los umbrales de su cuantía, por lo tanto incrementando los costes de las comunidades con competencia en esta materia”.

Según sus datos, “La Rioja es la comunidad autónoma más afectada por la ley de tasas judiciales ya que ha supuesto un incremento en el pago de tasas y, por lo tanto, del acceso a la justicia del 1.932 por ciento, tal y como revela el informe del Consejo del Poder Judicial“.

Así, “la recaudación por tasas judiciales en 2012 fue en La Rioja de poco más de 69.000 euros y en 2013 la cifra se disparó hasta los 1,4 millones de euros. El mayor aumento porcentual del estado con un 1.932 por ciento, cuando la media nacional fue del 85,6 por ciento”.

El Gobierno Central está utilizando la recaudación por tasas judiciales para pagar deuda y no para mejorar el acceso a la justicia.

Emilio del Río no se atreve a exigir el dinero de las tasas al Gobierno Central, aunque sí lo hacen otras Comunidades Autónomas como Madrid, Aragón o Castilla y León.

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