González de Legarra desvela la realización de una “misión de investigación” de la Comisión Europea que detectó irregularidades financieras y en los procedimientos de gestión y control de los expedientes de subvención para los cursos de formación.

Miguel González de Legarra, PR+

El Gobierno se ve obligado a reforzar la plantilla con 13 funcionarios para revisar los más de 1.000 expedientes de los cuales ya se han realizado más de 300 notificaciones, algunas de ellas exigiendo la devolución del 100 % de las ayudas.

El presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, ha ratificado hoy en rueda de prensa las denuncias de su partido sobre las irregularidades detectadas en la realización de los cursos de formación para trabajadores y desempleados. Irregularidades que, según indican, son responsabilidad exclusiva de una mala gestión por parte del Gobierno de La Rioja y, en concreto, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo.

Las denuncias que se están haciendo desde el PR+, tienen una gravedad excepcional ya que el Gobierno de La Rioja está pidiendo a centenares de empresas y entidades colaboradoras, que devuelvan hasta el 100 % de las ayudas recibidas hace cuatro años, para la realización de cursos de formación financiados por la UE, a pesar de que estas ya habían sido fiscalizadas, abonadas y autorizadas por el propio Gobierno.

Sin embargo, el Gobierno de La Rioja sigue sin dar explicaciones claras sobre lo que está pasando y, a pesar de que cada día se descubren nuevos detalles que acreditan la gravedad de la situación denunciada, el Gobierno ha decidido enrocarse en la falta de transparencia, e incluso en la mentira para tratar de desviar la atención, hasta el punto de que el propio consejero de Empleo, Javier Erro, ha declarado que lo que se evidencia como un escándalo político y económico de primera magnitud, no es más que un “puro trámite administrativo” que no implica “nada nuevo ni fuera de lo normal”.

Para demostrar el descaro con el que miente el Gobierno y en particular su consejero de Empleo, el presidente de los regionalistas ha aportado hoy un documento oficial con el que “se evidencia que estamos ante un asunto que, lejos de ser un puro trámite administrativo, es un operativo administrativo extraordinario, de extraordinaria gravedad.”

Es documento es un oficio que, el pasado 3 de abril, dirige el Director General de Formación y Empleo, Luis García del Valle Manzano, a la Secretaria General Técnica de la Consejería de Industria y Empleo, Amaya Latorre Sobrón, cuya simple lectura ya es reveladora de la gravedad del asunto.

González de Legarra ha explicado que “por la lectura de esta carta y por otras informaciones que hemos recibido, ya sabemos que el pasado 18 y 19 de diciembre de 2013, una Unidad de Auditoría de la Comisión Europea, giró una visita a La Rioja para realizar una “misión de investigación” en la que ratificó las “irregularidades” detectadas en una visita anterior, tras la cual le obligó a firmar un documento escrito por el que el Gobierno regional se comprometía a realizar, en unos plazos determinados, diversas labores con el fin de corregir las irregularidades financieras detectadas y mejorar los procedimientos internos de gestión y control de los expedientes de subvención para los cursos de formación para trabajadores que imparten las empresas y entidades colaboradoras y que son financiados por el Fondo Social Europeo.

La principal actuación que reclama la Comisión Europea al Gobierno de Pedro Sanz, es “la elaboración de un plan de verificación de todas las acciones de formación pendientes de certificación”, una exigencia que supone la revisión de más de 1.000 expedientes correspondientes a cursos de formación realizados entre los años 2007 a 2011, de los cuales ya se han realizado más de 300 notificaciones.

Sin embargo, la dificultad y el volumen de este trabajo obligaron al Gobierno a enviar en septiembre a seis funcionarios de refuerzo a la dirección general de Empleo para poder afrontar las exigencias que le hizo la Comisión Europea. Un refuerzo que ha sido insuficiente y que obligó a la dirección general a reclamar con urgencia en el mes de abril, el refuerzo de la plantilla con 13 nuevos funcionarios.

González de Legarra ha asegurado que “se están exigiendo devoluciones íntegras de subvenciones que ya estaban justificadas y aprobadas por el Gobierno; se han cerrado algunas empresas como consecuencia de esta gestión irregular del Gobierno y se están detectando nuevamente amenazas y advertencias mafiosas por parte del Gobierno a las empresas y colaboradores para que nadie hable, mientras el Gobierno de Pedro Sanz, no solo se niega a ofrecer explicaciones rigurosas sino que además miente con absoluto descaro y desvergüenza.”

El presidente regionalista ha exigido una vez más respuestas claras e inmediatas al Gobierno. “Que deje de mentir –ha dicho- y de ocultar las evidencias y responda de una vez: ¿A cuánto ascienden las cantidades que se reclaman? ¿Cuántos millones de euros se están reclamando exactamente a las empresas? ¿Cuáles son los motivos de la reclamación? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cuál es exactamente el problema detectado para que unos cursos a los que el Gobierno de La Rioja había dado su visto bueno y supuestamente había fiscalizado e incluso abonado, ahora sean desautorizados?

¿Cuántas y cuales son las empresas y entidades colaboradoras que están afectadas por este escándalo? ¿A cuántos trabajadores afecta? ¿De qué manera afecta esta nueva situación a la validez de los diplomas acreditativos de los cursos que impartieron? ¿Va a ejecutar el Gobierno de alguna forma el dinero a las empresas, en caso de que estas no pueden pagar las importantes reclamaciones que les están haciendo?

¿Estamos solo ante un problema de incapacidad del Gobierno para gestionar los fondos europeos o detrás de esta decisión existe algo similar a los escándalos de corrupción que se van conociendo en otras Comunidades Autónomas?”