Los errores, ¿se pagan?

La ilegalidad de las plantaciones de viñedo de la familia de la vicepresidenta del Gobierno regional no es una simple sospecha denunciada por el Partido Riojano sino que es un hecho probado desde que en 2006, una sentencia del Tribunal Superior de La Rioja, determinara que no podían inscribirse los viñedos del polígono 34 de Alfaro en el Registro de Viñedo de La Rioja. El TSJR determinó que debían arrancarse las 5 hectáreas de viñedo ilegal, y que mientras ese arranque no se produjera, las 18 hectáreas que se integran en dicho polígono, se consideraban ilegales a los efectos de su inscripción y, en consecuencia, no podían incorporarse al circuito comercial de la DOCa Rioja.

La familia Vallejo recurrió esa decisión judicial y exigió que se les permitiera la inscripción de los viñedos mientras se resolvieran los sucesivos recursos. Y es aquí donde encontramos el primer hecho insólito y sorprendente al descubrir que, ante esa exigencia de inscripción por parte de la familia de la vicepresidenta, la Consejería de Agricultura no solo no manifestó su oposición sino que, finalmente, decidió autorizar y permitir la inscripción de esas hectáreas de viñedo sobre las que pesaba ya una sentencia judicial.

Agricultura ampara las pretensiones de la familia Vallejo y permite, con su participación directa, que la familia de la vicepresidenta del Ejecutivo regional incorpore al circuito comercial de Rioja una cantidad de uvas que puede oscilar entre los 80 y 100.000 kilos. Una cantidad de uvas equivalente a la que puede recoger un agricultor medio en La Rioja y que ellos, la familia Vallejo, recogen solamente en esa finca irregular. Una cantidad que, puesta en el mercado, proporcionan unos más que cuantiosos beneficios a la familia Vallejo y a la propia vicepresidenta del Gobierno como copropietaria de la finca que es.

Y claro, miles de euros de beneficio provenientes de estas 13 hectáreas de viñedo ilegal no son un simple error como quiere hacernos creer Pedro Sanz quien, constantemente se niega a investigar este grave asunto argumentando que la existencia de una extensión similar a la de dieciocho campos de fútbol de viñedo irregular, en una finca de la que la vicepresidenta de su Ejecutivo es al menos copropietaria, no tiene nada que ver con su Gobierno y que es un asunto que afecta al ámbito privado de la familia Vallejo.

Desde luego, son curiosos los adjetivos que emplea el PP para calificar los chanchullos e irregularidades que les salpican.. Para la secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal, las presuntas irregularidades del Ayuntamiento de Murcia, por las que ya hay detenidos, entre ellos el propio concejal de Urbanismo, son un intento de distracción urdido por los enemigos del PP. Siempre recurren a la misma estrategia y, en La Rioja también. Aquí, la obtención de miles y miles de euros de beneficio por ‘colar’ otros tantos kilos de uva provenientes de viñedos irregulares son para el PP y para Pedro Sanz, un mero y simple error que no necesita ser investigado. Y es que, la estrategia del PP, y de su presidente en La Rioja, pasa precisamente por evitar que se hable de todos estos líos que demuestran que estamos gobernados por una cuadrilla de sinvergüenzas.

Sorprende, cuando menos, que ante las reiteradas denuncias del Partido Riojano ante la connivencia entre la Administración que ha propiciado un escándalo nunca conocido en la historia de nuestra Denominación y la familia Vallejo nadie, ni Gobierno, ni productores, ni sindicatos, ni comercializadores, ni Consejo Regulador, ni siquiera los propios afectados, hayan dicho ni una sola palabra sobre ello. Puedo entender, aunque no lo comparta, el silencio del Gobierno y de la familia Vallejo con el que tratan de ocultar la corruptela y el favoritismo, puedo entender el silencio de los máximos responsables del Consejo Regulador, (¿quizá alguna empresa determinada es la que compra la producción de la familia?), pero sigo sin entender el silencio de los demás, ¿tanto miedo hay?

Por eso precisamente necesitamos conocer a cuántos, a quiénes y por qué Agricultura les ha amparado sus viñedos irregulares, porque lo que es seguro es que todos los productores no han recibido el mismo trato. Los errores ¿se pagan?