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Ley de Tasas Judiciales

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La Justicia tenía un precio

Jueces y abogados critican que las ‘tasas’ de Gallardón cercenan la tutela judicial

Las tasas judiciales pasaban ayer su penúltimo examen antes de su aprobación en el Senado, previsiblemente a lo largo de este mes de noviembre. Mientras en el Congreso de los Diputados se debatían las enmiendas al proyecto de ley, los abogados riojanos mostraban su rechazo tajante a un canon que oscilará entre los 50 y los 750 euros.

El Consejo General de la Abogacía Española empleaba días atrás un ejemplo muy gráfico de lo que denominan el ‘tasazo’ de Gallardón: una multa de tráfico de 100 euros costará recurrirla 200 euros. Y este es sólo un modelo de lo que los abogados consideran un «atropello» del Ministerio que pilota Alberto Ruiz Gallardón y que, a la postre, «cercena el derecho a la tutela judicial efectiva de la gran mayoría de los ciudadanos».

Un argumento que comparte el órgano de gobierno de los jueces, que días atrás suscribió una a una cada una de las tesis de los letrados. Así, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, se suma al guión, básicamente porque las cuotas resultantes suponen incrementos «astronómicos» con respecto a las existentes y tendrán un efecto totalmente «disuasorio», especialmente las previstas en la jurisdicción Contencioso-administrativa. En este orden, por un recurso de casación ante el Supremo habrá que abonar 1.200 euros. Con esta medida, la cartera de Gallardón ha dado un paso más allá y «si lo que pretende es descongestionar, hay otras fórmulas, como crear más órganos judiciales».

El decano del Colegio de Abogados de La Rioja, José María Cid Monreal, arremete en primer lugar contra el proyecto de ley porque para su elaboración, consulta y acuerdo se ha obviado a la abogacía; y, en segundo, porque supondrá gravar a los justiciables, es decir, a los usuarios de la administración de Justicia, el acceso a los tribunales. En definitiva, «supone un ataque al derecho a la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución».

Hasta ahora, explica Cid Monreal, la tasa únicamente la pagaban las sociedades mercantiles que tenían un determinado nivel de facturación y con la reforma se va a extender a cualquier particular. Sólo se salva del canon la jurisdicción penal y en lo Contencioso librarán los recursos en los que la Administración no resuelve y se entiende desestimada por silencio administrativo. A las tasas fijas, según el decano, habrá que sumar un porcentaje, el 0,5%, sobre la cuantía del procedimiento.

Francisco Javier Marín, presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes de La Rioja, es también muy crítico con las tasas. De hecho, ayer protagonizaron sendas concentraciones a las puertas del Colegio de Abogados y frente a la sede judicial de la calle Manzanera de Logroño. En su opinión, el problema es que las tasas van a impedir el acceso de la mayoría de la población a la tutela judicial efectiva y, por ejemplo, para reclamar el pago de una deuda de 1.000 euros va a tener que abonar un canon de 105. Cuestiona que el fin último sea financiar la Justicia gratuita, y si es lo que se pretende «hay otras vías», apunta.

El fiscal superior de La Rioja, Enrique Stern, dice no ser contrario a la imposición de la tasa «siempre y cuando no se impide el acceso a la Justicia de los más desfavorecidos, porque pagar un canon tampoco es contrario a la igualdad».

Reembolsable

El consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, reiteró que la reforma actual se rige por los principios de solidaridad por un lado y por otro, por el de eficiencia y eficacia. El primero porque con el canon se podrá sufragar el 10% de la Justicia gratuita, una financiación que de media en la UE alcanza el 30%, el 45% en Alemania y el 110% en Austria.

En paralelo, contribuirá a un sistema más eficaz y eficiente «porque permitirá corregir determinados abusos que puedan producirse». Del Río recordó que las tasas se implantaron en el 2002 y «el Gobierno socialista las incrementó». Además, las tasas serán reembolsables siempre que la Justicia falle a favor de quien inició el procedimiento.

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