El reciente fallecimiento del presidente Adolfo Suárez nos ha permitido vivir esta misma semana situaciones verdaderamente paradójicas que debo reconocer que me han sorprendido y me han hecho pensar en la fragilidad de la memoria colectiva y en la gravedad con que se vive siempre el tiempo presente.
Durante sus funerales, los ciudadanos aclamaban a un político que en su tiempo fue denostado, vilipendiado y repudiado por el mismo pueblo que hoy reclama que su figura sea ejemplo para la actual clase política. Los mismos que en su día tejieron un entramado de maniobras, traiciones y trampas para terminar con la carrera política de quien se consideraba uno de los peores males del país, esta misma semana acudían compungidos a sus funerales poniéndolo como ejemplo del diálogo y el espíritu de concordia que ellos mismos dicen practicar y asegurando que fue el auténtico eje del renacimiento de nuestra nueva Democracia.
Para quien, como yo, tuvo ocasión de asistir en primera persona a la ascensión y caída de Suárez, esta suerte de esquizofrenia colectiva que hemos vivido con sus funerales, me ha hecho pensar que, o bien los ciudadanos son benignos con la historia y con el paso del tiempo todo lo perdonan; o el grado de cinismo y manipulación que vivimos es realmente inconmensurable; o realmente la situación política que vive España en la actualidad es de tal magnitud, que la gravedad que antaño nos pareció tan insoportable como para obligar a dimitir a un Presidente, es considerada hoy por todos como un tiempo dulce que añoramos volver a vivir.
Lo que, en cualquier caso, resulta indiscutible es que, actualmente, estamos viviendo una situación en la que la soberanía popular está constantemente en entredicho ante la evidente falta de participación ciudadana. Es evidente que hemos perdido el interés y la implicación que el pueblo español tenía en la vida política durante los primeros años 80. Crece de forma imparable el sentimiento de ineficacia y desconfianza en las instituciones democráticas y la posibilidad real de que los ciudadanos participen en la vida pública es, en estos momentos y con las actuales leyes electorales, una pura entelequia a pesar de los numerosos avances tecnológicos que permitirían que esa participación fuera real. Es un hecho indiscutible que, con muchos menos medios, hubo mucha más implicación y participación ciudadana en 1978, cuando los medios que hoy utilizamos con habitualidad eran simple ciencia ficción en la que ni siquiera se había soñado.
Y esto es así debido, principalmente, a la existencia de unas leyes electorales que son absolutamente ineficaces, difíciles de entender y de utilizar por parte de los ciudadanos; que fueron pactadas entonces por las fuerzas políticas, en unas condiciones radicalmente distintas a las actuales; que están basadas y sostenidas en criterios que pudieron ser eficaces en otras circunstancias pero que hoy, teniendo en cuenta el nuevo modelo de sociedad en que vivimos, resultan anticuadas y anquilosadas hasta llegar a extremos ridículos.
Pero la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene competencias exclusivas para modificar esas normas que rigen la celebración de elecciones a su Parlamento y, en consecuencia, entiendo que los partidos políticos que actualmente ostentamos la representación parlamentaria, somos los únicos responsables de dar una respuesta eficaz y clara, a esa demanda ciudadana que exige una mayor participación y unas leyes electorales más justas y equilibradas que faciliten una mayor pluralidad política y una mayor transparencia en la gestión de la cosa pública.
La respuesta a esa demanda ciudadana tiene que pasar, al menos, por introducir en el sistema electoral riojano nuevos mecanismos que contribuyan a propiciar un mayor equilibrio en la representación parlamentaria, y hacerlo mediante la reducción del porcentaje mínimo de acceso al Parlamento; a través también de un nuevo sistema de listas abiertas; mejorando el ejercicio democrático en el seno de los partidos obligándonos a incrementar la transparencia y la participación en la designación de candidatos y fomentando la participación electoral con la incorporación de debates en los medios públicos, medidas todas ellas con las que podemos conseguir la adaptación a la realidad social y política que vive nuestra región, introduciendo mejoras que van a propiciar mayor pluralidad y una mayor representatividad del pueblo riojano en su Parlamento.
Esto es lo que defendí en el Parlamento de La Rioja el pasado viernes, convencido además de que nuestra dimensión demográfica y geográfica es ideal para acometer una experiencia tan interesante como esta que, de salir adelante, nos podría llevar a ser ejemplo para el resto de comunidades e incluso para el propio Estado que también están obligados por la exigencia del pueblo soberano, a revisar con urgencia sus normas electorales y de participación ciudadana en las decisiones políticas.
En el contenido de la iniciativa reconozco la asunción como propias de la mayoría de las propuestas que ya se han estudiado en Asturias y Madrid y que, en un alto porcentaje, coinciden con las teorías defendidas por el prestigioso Doctor en Ciencia Política, el riojano Pablo Simón Cosano. El Doctor Simón Cosano, a pesar de su juventud, creo que es una de las personas con más autoridad y conocimiento en esta materia y tanto los trabajos de reforma que se afrontaron por el Parlamento de Asturias, como los estudios que se están haciendo en la Asamblea de Madrid, han contado con su opinión y recogen gran parte de sus análisis y propuestas y algunos de los trabajos que ha avanzado, creo que con bastante acierto, la Universidad Pompeu i Fábra.
En esta ocasión, yo no podía ser tan necio como para desaprovechar una oportunidad tan valiosa, especialmente cuando además venía de la mano de un riojano, y lógicamente la mayor parte del contenido de la iniciativa parlamentaria que defendí el viernes se fundamenta en estas propuestas que entendemos que están llenas de sentido común. Aunque también existen, como es lógico, otros aspectos que hemos incorporado como consecuencia de nuestra propia experiencia y de las peculiaridades sociopolíticas que tiene La Rioja, pero no creo que lo importante en este caso sea descubrir la paternidad de cada una de los puntos que contiene la propuesta sino aprovechar la oportunidad que puse encima de la mesa para abrir este debate sobre la utilidad de la reforma de la Ley Electoral riojana.
Estoy convencido de que es una propuesta sensata, con la que únicamente perseguimos alcanzar una mayor calidad democrática a través de unas medidas que, estoy seguro, conseguirían un mayor equilibrio en la representación ciudadana y mayor transparencia y facilidad para que los representantes del pueblo riojano, rindan cuentas reales de su trabajo ante sus electores.
Lástima que el PP no quiera entrar en este debate y siga empeñado en defender que la mejor forma de acercar la política al ciudadano es reducir el número de escaños e impedir que el pueblo asista en directo a los plenos. A mi juicio, sin embargo, creo que estas modificaciones que planteamos desde el PR+ son básicas para conseguir esos objetivos de transparencia, participación y austeridad que reclaman los ciudadanos y que, por supuesto, a nuestro juicio son mucho más importantes y eficaces que la simple reducción del número de escaños del Parlamento.
