González de Legarra responsabiliza al Gobierno de La Rioja por una pésima gestión que puede costar incluso el cierre de algunas empresas y asegura que desde el PR+ defenderán al las empresas hasta el final.

Miguel González de Legarra, PR+

El PR+ cree que el Gobierno no puede certificar las ayudas concedidas y ahora se ve obligado por la UE a exigir la devolución de millones de euros.

Hace escasamente quince días el presidente del PR+, Miguel González de Legarra, ofreció una rueda de prensa advirtiendo de un hecho que tiene una gravedad excepcional ya que el Gobierno de La Rioja está pidiendo a decenas de empresas y entidades colaboradoras, que devuelvan hasta el 100 % de las ayudas recibidas para la realización de cursos de formación financiados por la UE.

La reacción del Gobierno a esa rueda de prensa fue negar rotundamente la denuncia y tanto el portavoz del Gobierno, Emilio del Río, como el Consejero Javier Erro, aseguraron que no había ningún problema con los fondos europeos de formación. Sin embargo, tras una segunda rueda de prensa, fue el propio director general de Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja, Luis García del Valle, quien admitió que, en todo caso, tras los correspondientes controles, se habían revisado 21 expedientes para pedirles que ampliaran algunos datos en las justificaciones y que, después de ese trámite, como era habitual, el importe de las subvenciones se debía ajustar a lo justificado.

Es decir: Primero todo es mentira y no existe nada de lo que denunciamos desde el PR+ y, cuando insistimos, admiten la existencia de 21 expedientes con algún tipo de irregularidad que es necesario corregir.

Sin embargo, esta mañana, el Presidente del PR+, Miguel González de Legara, ha desvelado que “las notificaciones que ya ha tramitado el Gobierno de La Rioja para exigir la presentación inmediata de nuevas justificaciones, superan ampliamente las 300.”

El presidente riojanista ha querido recordar que, en su primera rueda de prensa hizo un llamamiento “para que aquellas empresas o entidades colaboradoras que se sintieran afectadas, nos hicieran llegar la información necesaria para continuar con nuestra denuncia. Pues bien, ese llamamiento ha tenido su efecto y les puedo asegurar que, en estos días, he recibido llamadas, he mantenido reuniones y he visto numerosos expedientes que confirman absolutamente la gravedad de mis denuncias. Es cierto, -ha insistido Legarra-, que también estamos detectando mucho miedo entre los afectados. Miedo a las represalias por parte del Gobierno si se enteran que están hablando con nosotros y por eso, a pesar de disponer de mucha documentación, lamentablemente todavía no puedo hacer uso de ella. No al menos en la forma que sería deseable a pesar de que todos los días nos están llamando para darnos la razón en nuestras denuncias y para proporcionarnos más información pero al mismo tiempo nos piden encarecidamente que guardemos el anonimato y les puedo asegurar que tienen motivos para tener miedo porque estamos detectando también importantes presiones por parte del Gobierno para silenciar este asunto.”

Para confirmar sus denuncias, el también diputado regionalista en el Parlamento de La Rioja ha mostrado un nuevo expediente, esta vez correspondiente a una Institución colaboradora a la que, también cuatro años después de haberle abonado una subvención de más de 20.000 euros, el Gobierno de La Rioja le exige que devuelva prácticamente el 100% del dinero adelantado., documentación que se une a la que mostró la semana pasada en la que el Gobierno reclama a una empresa la devolución del 100 % de la subvención concedida para la realización de cursos de formación para sus trabajadores, con financiación de la UE.

“Pero lo importante es que se den ustedes cuenta de la magnitud del problema del que estoy hablando desde hace quince días. Con solo dos expedientes les demuestro que el Gobierno pide la devolución de más de 65.000 euros en ayudas. El primer día yo les hablé de la existencia de varias decenas de expedientes que podían suponer unos 5 millones de euros. Estamos hablando de que hoy sabemos con absoluta seguridad que hay más de 300 expedientes. ¡Imagínense ahora, el volumen de millones de que estamos hablando!”

“Es cierto que los afectados están hablando, -reconoce Legarra-, pero lo que desde el Partido Riojano estamos exigiendo es que hable el Gobierno. En el Partido Riojano estamos convencidos de la gravedad y la importancia de esta situación y exigimos que el Gobierno de La Rioja ofrezca explicaciones y datos ciertos y contundentes sobre la denuncia que estamos haciendo. A nosotros hasta ahora nos consta que las empresas y entidades han cumplido exactamente con todas sus obligaciones: realizaron los cursos de formación y aportaron toda la documentación y justificantes que se les pidieron, hasta el punto de que el Gobierno de La Rioja les abonó la subvención después de fiscalizar todo el proceso. ¿A qué viene que, cuatro años después, el Gobierno de La Rioja les exija que justifiquen cosas que no les pidieron entonces? ¿Cuál es la razón?

Lo que tienen que saber todas esas empresas y las entidades colaboradoras afectadas es que el Partido Riojano las va a defender hasta el final. Vamos a defender a las empresas riojanas porque no hay derecho a lo que el Gobierno de La Rioja está haciendo con ellas. Hace 4 años les dieron la subvención en unas condiciones y 4 años después les cambian esas condiciones y les exigen la devolución de ese dinero.

Algunas empresas nos están transmitiendo que lo que plantearon en su día como un programa de creación de empleo, incluso incentivadas y poco menos que empujadas por el Gobierno de Pedro Sanz, se puede convertir hoy en el motivo de cierre de alguna de estas empresas. Y esta situación no se puede ocultar.

A partir de este momento solo quedan por tanto dos alternativas: O el Gobierno de La Rioja y Pedro Sanz, que son los únicos responsables de este auténtico escándalo, cuentan toda la verdad y facilitan toda la información y los datos que les estamos pidiendo desde el Partido Riojano, o el Partido Riojano seguirá denunciando este gravísimo escándalo político y económico, a medida que se nos vaya facilitando información por parte de los afectados.

Lo que sí puedo decirles es que me ratifico absolutamente en mi sospecha inicial sobre el origen de este escándalo que no es otra que la Comisión Europea le ha exigido al Gobierno que justifique las ayudas que ha entregado y el Gobierno de La Rioja ha descubierto que no puede hacerlo, que no puede certificar las ayudas y ante esa escandalosa situación, ha decidido tratar de salvar el culo exigiendo a las empresas la devolución de las ayudas, incluso aunque eso pueda suponer el cierre de muchas de ellas.

El Partido Riojano va a tratar de evitarlo por todos los medios y, en cualquier caso, nuestra obligación será investigarlo hasta el final y llegar hasta donde haya que llegar para denunciarlo y exigir las responsabilidades oportunas.”