La crisis económica está haciendo reverdecer posiciones políticas que creíamos que se habían desterrado hace tiempo en los grandes partidos nacionales. Todavía recuerdo las posiciones del ahora Partido Popular en contra de la Constitución española y, especialmente, de su artículo VIII que regula el Estado de las autonomías. Más adelante, el mismo partido demostró su rechazo al sistema autonómico, oponiéndose al nacimiento de autonomías como la riojana. El rechazo del PP a este sistema autonómico no se despejó con claridad hasta que no llegó el primer gobierno de Aznar en el que, como consecuencia de la necesidad de contar con el apoyo de los nacionalistas, se descubrió como un firme defensor del sistema autonómico español y de los derechos históricos de los pueblos de España y absolutamente condescendiente con los anhelos y aspiraciones de los nacionalistas vascos y catalanes. El PSOE hacía años que se había visto obligado a recurrir a esos apoyos periféricos y por eso llevaba ventaja en la defensa de un sistema autonómico en el que tampoco creía y que, a la vista está, creció contra la voluntad de los dos grandes partidos nacionales.
Legislatura tras legislatura, -y siempre en función de esos apoyos periféricos que afianzaban su mayoría en el Gobierno Central-, los gobiernos fueron otorgando mayores competencias y financiación a las “nacionalidades históricas” que, a su vez provocaron un efecto contagio en el resto de autonomías que al grito de “café para todos” reivindicábamos los mismos derechos que ellos. PP y PSOE, temerosos de perder los apoyos en las regiones en las que gobernaban sus “barones”, iban construyendo este Estado autonómico a trompicones, a golpe de reivindicación pero, al mismo tiempo que cedían competencias, eran incapaces de renunciar a su verdadera vocación jacobina y centralista con lo que, a la vez que transferían competencias, presupuesto y personal a las regiones, eran incapaces de adelgazar su propia administración y reducir su presupuesto.
Por eso hoy, cuando llegan las vacas flacas y la falta de presupuesto pone en evidencia la fragilidad económica del Estado, tanto el PP como el PSOE, vuelven su mirada a ese Estado autonómico del que son los únicos responsables y advierten de que (“a lo mejor”), ha llegado el momento de repensarlo, de centralizar competencias, de poner límites a la economía de las autonomías. El propio Aznar que, además de ejercer de presidente de una comunidad autónoma tanto contribuyó al desarrollo del Estado autonómico, ha declarado oficialmente que el Estado Autonómico “es inviable”, una afirmación que, además, ha sido también suscrita por la Secretaria General del PP, Dolores de Cospedal.
Nadie pone en duda la existencia de duplicidades entre las distintas administraciones con lo que conlleva en el aumento del gasto y la burocracia, pero no creo que se pueda responsabilizar de ello a las autonomías, y mucho menos de forma exclusiva. La responsabilidad principal recae en el propio Estado y, especialmente, en los dos partidos nacionales que lo han dirigido en estos años. También es cierto que algunas autonomías no han sabido gestionar adecuadamente sus recursos, ni los financieros ni los competenciales y que todas ellas han cultivado un nuevo “centralismo” que trata de hurtar competencias a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamientos. El caso riojano con la guerra que sostiene el Gobierno de Pedro Sanz con el principal ayuntamiento de la región es el exponente más claro de ese deseo de acumular poder e influencia que subyace en el fondo de esta cuestión.
Nunca se ha querido cerrar el modelo de Estado. Nunca han querido los dos grandes partidos “blindar” las competencias del Estado y poner suelo a sus competencias y mientras eso no suceda, siempre estaremos expuestos a un desarrollo autonómico condicionado por la necesidad de asegurar mayorías estables en el Gobierno. El problema por tanto no es el modelo de Estado que nos hemos dado, sino la gestión de ese modelo de Estado y hay que recordar que quienes han gestionado ese modelo han sido el PP y el PSOE, nadie más es responsable.
Desde el Partido Riojano, siempre he defendido la validez y viabilidad de un Estado autonómico que debe avanzar hacia el federalismo; pero nunca será viable si antes no tenemos claro cuales son los límites que las autonomías no podemos sobrepasar. Esa es nuestra responsabilidad; una responsabilidad que deben asumir los dos grandes partidos pero en la que debemos participar también todos los partidos que estamos representados en los parlamentos autonómicos que también conformamos el Estado.
El salto hacia adelante que ha significado para La Rioja y para España el régimen autonómico, no puede llevarnos a ignorar que el paso de los años y la evolución política y social, ponen de manifiesto la necesidad de introducir reformas y mejoras en su funcionamiento, pero de ahí a declarar la inviabilidad del sistema va un abismo con el que solo se pretende esconder la incapacidad de los grandes para acometer su gestión. Los desafíos actuales no justifican un retorno a momentos históricos ya superados.
